Govern y ERC proponen crear una sociedad mercantil para infraestructuras en Catalunya: El Govern y ERC anuncian la creación de una sociedad mercantil con participación del Estado para gestionar las inversiones en infraestructuras tras el rechazo del consorcio por el Congreso
El martes pasado el Congreso de los Diputados votó contra el consorcio de inversiones que debía coordinar las obras de infraestructura del Estado en Catalunya. Ante esa caída, el Govern, encabezado por Salvador Illa, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) anunciaron la puesta en marcha de un plan 'b': la constitución de una sociedad mercantil que asuma las mismas funciones.
La nueva entidad tendría capital mixto, con aportaciones del Estado español y de la Generalitat, y operaría bajo la normativa de régimen jurídico del sector público. Con ella, el objetivo es garantizar la ejecución de proyectos de carreteras, ferrocarriles y otras obras que, según el IGAE, solo se han materializado en un 20 % del presupuesto asignado en el primer semestre de 2024.
Reunión entre funcionarios del Govern y representantes del Ministerio de Fomento para discutir la creación de la sociedad mercantil
Detalles del plan y su viabilidad jurídica: La sociedad se fundaría bajo la ley de régimen jurídico del sector público, sin necesidad de aprobación parlamentaria, y requiere la elaboración de estatutos y un plan de actuación que el ejecutivo autorizará
La ley permite al Consejo de Ministros crear sociedades de este tipo sin pasar por el proceso legislativo ordinario. Solo es necesario redactar unos estatutos y presentar un plan de actuación que el ejecutivo autorice. La consellera d'Economia, Alícia Romero, lidera la negociación con los ministerios implicados en Madrid, mientras que los consellers del Govern revisan los detalles operativos.
Una ventaja clara es la rapidez: la sociedad podría constituirse en semanas, mientras que la vía legislativa requeriría meses. Además, la normativa contempla la posibilidad de financiar la entidad mediante encomiendas de gestión, es decir, la entrega de fondos al Govern para que ejecute obras directamente.
No obstante, la vulnerabilidad jurídica es mayor. Al no estar respaldada por una ley orgánica, un futuro gobierno central podría revocar su creación con relativa facilidad, algo que el Partido Popular, Vox, Junts y el PNV ya han señalado como riesgo.
Próximos pasos y riesgos políticos: ERC y el Govern avanzan en la negociación con ministerios; sin embargo, la entidad podría ser disuelta fácilmente si cambia el gobierno central, y partidos como PP, Vox, Junts y PNV ya se oponen al modelo
En los próximos días, el Govern y ERC mantendrán reuniones con los ministerios de Fomento y de Hacienda para definir el capital inicial y los mecanismos de control. La consellera Romero espera presentar los estatutos al Consejo de Ministros antes de que finalice el mes.
Los partidos opositores califican el proyecto de "chiringuito" y advierten que la sociedad podría ser anulada por un gobierno del PP o Vox. "Es una solución improvisada que no garantiza la continuidad de la inversión", afirmó Míriam Nogueras de Junts en el Congreso.
Si la sociedad se constituye, su primera tarea será canalizar los fondos pendientes de ejecución y lanzar una cartera de obras prioritarias, entre ellas la mejora de la autovía B-23 y la modernización de la línea ferroviaria R2. La rapidez en la puesta en marcha será clave para evitar que los retrasos actuales vuelvan a afectar al crecimiento económico de la región.
En cualquier caso, la iniciativa subraya la importancia que el Govern y ERC asignan al proyecto de infraestructura, elemento central del acuerdo de investidura que llevó a Illa a la presidencia de la Generalitat. La presión política seguirá siendo alta, y el futuro de la sociedad dependerá tanto de la voluntad del Ejecutivo central como de la capacidad del Govern para demostrar resultados tangibles.
