Aumento de menores víctimas (2022‑2025)

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado que el número de niños y adolescentes afectados por violencia de género creció un 46 % entre 2022 y 2025, llegando a 1 935 menores bajo medidas cautelares u órdenes de protección en los juzgados españoles durante 2025. En el último año, la cifra aumentó un 10 % respecto a 2024.

Desglose de cifras y perfil de las víctimas

En 2025, 33 373 mujeres denunciaron violencia de género, lo que equivale a 91 denuncias al día. La tasa nacional es de 1,5 casos por cada 1 000 mujeres mayores de 14 años; Melilla registra la más alta con 4,8, mientras que Cataluña se sitúa en la mínima con 0,7.

Los menores afectados se reparten de forma equilibrada entre sexos, aunque la mayoría son hijos e hijas de la víctima directa. En el ámbito de la violencia doméstica, 71,6 % de los denunciados son hombres; en el caso de violencia de género, los menores aparecen mayoritariamente como víctimas indirectas, es decir, hijos de la mujer agredida.

Respecto a la edad de las víctimas adultas, 47,9 % de las mujeres denunciantes tienen entre 30 y 44 años, una franja que también concentra a los hombres denunciados (47,9 %). La relación con el agresor está dividida: la mitad de las víctimas mantienen una relación de convivencia con el agresor, el resto son exnovias, excónyuges o exparejas de hecho; solo un 1 % se encuentra en proceso de separación.

Perspectivas y posibles medidas

El incremento de menores víctimas obliga a replantear la política de protección. Las autoridades podrían reforzar los protocolos de intervención temprana en colegios y centros de salud, garantizando que los profesionales detecten señales de violencia en el entorno familiar.

Asimismo, la caída del 4,4 % en medidas cautelares (total 98 551 en 2025) sugiere la necesidad de agilizar los procedimientos judiciales. Un mayor número de sentencias firmes en menos de un año – 72,3 % en violencia de género – muestra avances, pero la lentitud en la ejecución de órdenes de protección sigue siendo un obstáculo.

El Gobierno autonómico y local debería destinar recursos a programas de apoyo psicológico y social para menores que han sido testigos de violencia, con el fin de prevenir efectos a largo plazo como trastornos emocionales o conductuales.

Cierre

Si la tendencia al alza no se frena, el número de menores expuestos a entornos violentos seguirá creciendo, comprometiendo su desarrollo y la cohesión familiar. La próxima revisión estadística, prevista para 2026, será clave para medir el impacto de las nuevas medidas y ajustar la estrategia de protección infantil a nivel nacional.

María Jose Madrid Gómez
María Jose Madrid Gómez

Corresponsal Política

Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.

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