Condena a activistas por difamación al diputado Javier Alfonso Cendón

Condena a activistas por difamación al diputado Javier Alfonso Cendón

El Juzgado de lo Penal 2 de León dictó el 27 de abril una sentencia que condena a Juan Martínez Grasa y Alberto Royuela Fernández a seis meses de prisión por calumnias e injurias contra Javier Alfonso Cendón, diputado nacional y secretario general del PSOE en León. Además, deberán pagar una indemnización de 2.000 € al parlamentario.

Detalles de la sentencia y de las acusaciones falsas

Los condenados difundieron en su canal de YouTube "Expediente Royuela" que Cendón participaba en "lujosas cenas" rodeado de prostitutas y cocaína, y que había realizado nueve depósitos de 50.000 euros cada uno en el AIB Bank de Jersey, sin presentar prueba alguna. La sentencia reconoce que dichas afirmaciones se hicieron a sabiendas de su falsedad y con el único objetivo de perjudicar al diputado durante la campaña electoral de 2023.

El tribunal consideró probados los delitos de calumnias con publicidad e injurias, y estableció la obligación de indemnizar al agraviado por el daño a su honor y reputación. La jueza subrayó que la difusión de esas acusaciones sin fundamento causó un perjuicio enorme al buen nombre del parlamentario y al PSOE en la circunscripción leonesa.

Posibles repercusiones políticas y judiciales

La condena llega tres años después de que los hechos dañaran la imagen de Cendón, quien encabezó la lista del PSOE en León en los comicios generales de julio de 2023. Fuente cercanas al diputado expresaron satisfacción por la resolución, pero advierten que la tardía llegada de la sentencia no borra el impacto mediático que tuvo en la campaña.

Los activistas ya estaban involucrados en otros procesos judiciales por difundir acusaciones falsas contra la esposa del presidente del Gobierno y contra otros dirigentes socialistas. La reciente condena refuerza la posibilidad de que se abran nuevas diligencias contra ellos por delitos similares, lo que podría traducirse en penas adicionales y en una mayor presión sobre grupos que utilizan plataformas digitales para lanzar campañas de desinformación.

En el plano político, la sentencia refuerza la postura del PSOE de defender la integridad de sus representantes y podría servir de argumento en la contienda electoral de 2024, donde el partido busca recuperar escaños en Castilla y León. Sin embargo, el caso también pone de relieve la vulnerabilidad de los políticos ante la difusión masiva de rumores sin base, un fenómeno que sigue alimentando la polarización.

En conclusión, la condena a Martínez Grasa y Royuela Fernández marca un precedente judicial contra la difamación política en la era digital y plantea interrogantes sobre la capacidad de los tribunales para responder con rapidez a la desinformación que circunda a los candidatos durante los periodos electorales.