El Gobierno cede a las CCAA la selección de profesores universitarios – cambio legislativo
El Gobierno ha aprobado este martes los decretos que, a partir de ahora, delegan en las comunidades autónomas la competencia para seleccionar y promover a los profesores universitarios. La decisión se inscribe en el marco de desarrollo de la Ley de Universidades 2023 y elimina a la agencia estatal Aneca como autoridad única de acreditación.
Detalles del nuevo marco: criterios, figuras y repercusiones inmediatas
Los decretos establecen que cada agencia regional definirá sus propios criterios de evaluación. Entre los nuevos méritos destacan el pluralismo lingüístico y la relevancia local del candidato. La evaluación combinará indicadores cualitativos y cuantitativos, abarcando docencia, investigación y transferencia de conocimiento.
Se crea la figura del profesorado permanente laboral, un contrato de docente e investigador no funcionario que sustituye al antiguo contratado doctor. Este modelo se inspira en los sistemas de Cataluña y País Vasco, donde los agregados autonómicos ya juegan un papel destacado en la plantilla universitaria.
Con la nueva normativa, las agencias de calidad autonómicas pasarán a ser las encargadas de fijar los requisitos de idioma. En Cataluña, por ejemplo, el dominio del catalán (nivel C1) ya se exige en algunos concursos; en el País Vasco, la agencia Unibasq otorga puntos extra a quienes presenten la tesis o acrediten su nivel de euskera.
«Ahora la universidad se convertirá en un reino de taifas autonómico», advierten varios profesores universitarios. Señalan que la disparidad de requisitos podría generar una falta de homogeneidad en la calidad y el reconocimiento de los títulos a nivel nacional.
El sindicato CSIF ha defendido la medida, argumentando que legitima figuras laborales ya existentes en Cataluña y el País Vasco y que brinda mayor flexibilidad a las universidades para responder a sus necesidades locales.
Posibles consecuencias y próximos pasos del proceso de acreditación
El proyecto de real decreto que regula el procedimiento de acreditación del profesorado permanente laboral sigue pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros. Se espera que el Consejo lo vote en las próximas semanas, aunque el texto podría sufrir modificaciones antes de su publicación oficial.
Si se mantiene, el nuevo esquema eliminará la figura del contratado doctor, obligando a los aspirantes a obtener la acreditación bajo los criterios autonómicos para acceder a plazas tanto de personal laboral como de funcionario.
Los riesgos principales señalados por la comunidad académica son la pérdida de una referencia nacional única y la posible fragmentación del mercado laboral universitario. Por otro lado, los defensores resaltan la capacidad de adaptar la evaluación a los contextos lingüísticos y culturales de cada región.
En cualquier caso, la medida marcará un hito en la descentralización del sistema universitario español, con implicaciones directas para la carrera de los docentes, la movilidad de los investigadores y la competitividad de las universidades en el plano internacional.
Próximos pasos: el real decreto será remitido al Consejo de Ministros, se abrirá un periodo de consultas y, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, las agencias autonómicas deberán emitir sus normas específicas en los próximos tres meses.
Impacto para el lector: la reforma afectará a los futuros profesores, a los estudiantes que elijan sus tutores y a la calidad de la investigación que se genere en las universidades españolas. La atención ahora se centra en cómo cada comunidad equilibrará la autonomía con la necesidad de mantener estándares comunes.
