Obras públicas gallegas con nuevo examen climático
La Consellería de Facenda ha anunciado que, a partir de este mes, toda obra pública gallega financiada con fondos FEDER deberá someterse a un examen climático previo a su ejecución. La exigencia incluye medir la huella de carbono del proyecto y valorar los riesgos meteorológicos a los que pueda estar expuesto su emplazamiento. El objetivo es asegurar que la inversión pública contribuya a la neutralidad climática y a la adaptación al cambio climático.
Cómo se aplicará la evaluación y a qué infraestructuras afecta
La guía publicada por la Xunta divide la evaluación en dos fases. La primera fase consiste en el cálculo de emisiones de CO₂ asociadas al proyecto. La segunda fase analiza la vulnerabilidad a inundaciones, olas de calor, temporales de viento y aumentos de precipitación, tanto en el horizonte actual como para el periodo 2041‑2070.
*Fase 1 – Medición de la huella de carbono
Se exigirá este cálculo a infraestructuras como vertederos, incineradoras, depuradoras, industrias manufactureras, minas, fábricas de pasta de papel, carreteras, ferrocarriles, puertos, plataformas logísticas, centrales eléctricas y redes de distribución de gas. Para los macroproyectos cuya estimación supere 20.000 toneladas de CO₂ al año, la Xunta requerirá un estudio exhaustivo de coste‑beneficio medioambiental. En proyectos menores se aplicarán procedimientos simplificados que evitan cargas burocráticas innecesarias.
