Hechos clave
El Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo está bajo sospecha tras una denuncia interna registrada en diciembre de 2025 sobre posibles "tejemanejes" en el Servicio de Licencias. La medida más visible fue la resolución del 15 abril 2024 que puso fin al contrato del arquitecto asesor Ignacio Morales Zapata.
Detalles de la denuncia y reacciones de los partidos
Los concejales del PSOE afirmaron que el equipo de gobierno "no hizo nada" ante la denuncia interna y exigieron explicaciones inmediatas. Por su parte, el primer teniente de alcalde Mario Arias (PP), recientemente elegido presidente del Partido Popular en la capital asturiana, defendió la gestión calificándola de "impecable" y acusó al PSOE y a Vox de "intoxicación" y de divulgar información confidencial.
En la Comisión de Economía e Interior, convocada el miércoles a petición de los socialistas, Mario Arias sostuvo que la oposición había vulnerado el deber de reserva al publicar datos sensibles y nombres de personas implicadas, "ignorando deliberadamente su derecho a la presunción de inocencia y al honor".
IU‑Convocatoria por Oviedo, junto a los socialistas, pidió una investigación parlamentaria que aclare los hechos y restablezca la credibilidad institucional. El PP, que mantiene la mayoría absoluta en el pleno, no ha anunciado medidas concretas.
Posibles consecuencias y próximas investigaciones
Los grupos de la oposición consideran que la falta de transparencia obliga a abrir una investigación parlamentaria para determinar si hubo favoritismo en la recomendación de despachos para la tramitación de licencias o un control excesivo de expedientes. La normativa municipal señala que la vulneración del deber de sigilo puede acarrear multas de hasta 300.000 euros.
El alcalde Alfredo Canteli reiteró que el equipo de gobierno sigue actuando con diligencia y que los partidos de la oposición han intentado acceder al Sistema Interno de Información pese a las advertencias del secretario general del Pleno y de la Asesoría Jurídica Municipal sobre la estricta confidencialidad.
Mientras tanto, Mario Arias lanzó un llamado a la responsabilidad para que los empleados públicos puedan trabajar sin ser arrastrados a disputas partidistas, subrayando que la gestión del Área de Urbanismo sigue cumpliendo con la legalidad.
Cierre
Si la oposición logra impulsar una investigación parlamentaria, el caso podría derivar en sanciones económicas y en una revisión de los procedimientos de licencias urbanísticas. El debate pone de relieve la tensión entre la mayoría absoluta del PP y una oposición que busca controlar la transparencia administrativa, una cuestión que seguirá en la agenda municipal en los próximos meses.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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