El pasado martes la Sala Quinta de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto 35/2023. Con esa resolución se mantiene el recorte del trasvase Tajo‑Segura y el Gobierno conserva la facultad de fijar el caudal ecológico del río Tajo.
trasvase Tajo‑Segura
El fallo deja sin efecto la pretensión de la Diputación de Alicante de paralizar el decreto que reduce el caudal destinado al trasvase. La sentencia se basa en la falta de legitimidad del recurso, al considerarse que la entidad local no estaba autorizada para impugnar la norma.
recorte agua Tajo
Quedan dos recursos pendientes ante el Supremo: el del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo‑Segura (Scrats), cuya votación está prevista para el 5 de mayo, y el de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Si ambos son desestimados, el Gobierno podrá fijar un caudal ecológico que suponga un recorte de 105 hm³ para 2027. Según la administración regional, esa reducción supondría una pérdida de 4 000 M€ en el PIB y la desaparición de 100 000 puestos de trabajo en el sector agropecuario del sureste.
guerra ambiental
El conflicto se ha convertido en una pieza clave de la campaña electoral. En la región de Murcia, el presidente de la Generalitat, Fernando López Miras (PP), defiende la continuidad del trasvase como garantía de agua para agricultores. Por su parte, (PSOE) de Castilla‑La Mancha se muestra firme en contra, argumentando que el recorte responde a una del presidente Pedro Sánchez. Ambas posturas buscan captar el voto de los sectores rurales y urbanos que temen los efectos de la medida.
