Endesa e‑Distribución anunció que en 2025 se cerraron 72.700 expedientes por manipulaciones de la red, la cifra más alta de los últimos cinco años. De esos casos, 95 % corresponde a grandes consumidores —industrias, comercios y plantaciones indoor de cannabis— mientras que solo el 5 % afecta a suministros domésticos menores de 3 kW.
Cómo y por qué se produce el fraude
Los fraudes se realizan mediante la alteración de contadores digitales, la instalación de dispositivos de bypass y la sobrecarga de la potencia contratada. Una plantación indoor típica consume lo mismo que 80 viviendas, lo que equivale a una demanda de unos 182,7 GWh recuperados de 1.850 instalaciones en 2025. La falta de sanciones penales graves en España –actualmente solo multas– reduce el efecto disuasorio y favorece la proliferación de estas redes ilegales.
Gráfica que muestra la distribución del fraude eléctrico entre hogares, industrias y cultivos indoor de cannabis en 2025
Contexto nacional e internacional del fraude eléctrico y el cannabis
España concentra el 73 % de las incautaciones de cannabis en la UE, según el Informe Europeo sobre Drogas 2025. En contraste, países como Alemania, Francia e Italia tipifican la defraudación eléctrica con penas de prisión, lo que limita la actividad delictiva. La normativa española, más laxa, ha permitido que organizaciones criminales estructuren operaciones de gran escala, alimentando tanto el mercado negro de cannabis como la sobrecarga de la infraestructura eléctrica.
Perspectivas y medidas previstas por Endesa y autoridades
Endesa plantea reforzar la vigilancia mediante inspecciones más frecuentes y la colaboración estrecha con la policía y la Guardia Civil. La compañía reclama al Gobierno una normativa más dura que incluya penas de prisión para los casos de fraude vinculados a cultivos de marihuana. La reciente Ley Orgánica 1/2026, que introduce un subtipo agravado para la defraudación eléctrica asociada al cannabis, prevé penas de seis a dieciocho meses de prisión o multas de doce a veinticuatro meses para reincidentes. Además, Endesa invertirá 5.500 millones de euros en la modernización de la red entre 2026 y 2028, lo que incluye sistemas de detección automática y refuerzo de la capacidad de los transformadores.
Impacto en la red y en la seguridad de los empleados
El desmantelamiento de instalaciones ilegales ha generado cerca de un centenar de incidentes de violencia física en los últimos cuatro años; en 2025 se registraron 58 agresiones contra técnicos de Endesa. La sobrecarga de la red en zonas con cultivos indoor multiplica por cinco la potencia contratada, provocando cortes y riesgos de incendio que afectan a vecinos y a la propia empresa.
Qué puede pasar a continuación
Si la legislación penal se endurece y las inversiones en detección avanzan, se espera una reducción significativa del fraude eléctrico en los próximos años. Sin embargo, la demanda de cannabis indoor sigue creciendo, lo que obliga a las autoridades a combinar medidas de seguridad eléctrica con políticas de control de drogas más efectivas. El equilibrio entre ambos frentes determinará la estabilidad del suministro eléctrico y la seguridad de los ciudadanos.
