Deuda reconocida por Uber Eats
Uber Eats ha admitido por escrito una deuda de 110 millones de euros con la Seguridad Social, correspondiente a cotizaciones no pagadas de 60 000 trabajadores que fueron dados de alta como autónomos sin que la relación laboral lo justificara. La empresa confirmó la cifra tras la conclusión de la inspección de Trabajo en marzo de 2024.
Marco legal y regularización
La Inspección de Trabajo abrió la investigación en julio de 2023 para comprobar si el modelo de contratación de la plataforma cumplía la Ley Rider, vigente desde agosto de 2021. Esa norma, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, obliga a que los repartidores sean contratados como asalariados. En marzo, la inspección cerró el caso con la reclamación de los 110 M€ y la obligación de regularizar a los 60 000 trabajadores.
Uber Eats había anunciado en enero su intención de abandonar el modelo de autónomos y, tras la presión del Ministerio de Trabajo, ha puesto en marcha la regularización de la plantilla, alineándose con la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020 que reconoció la presunción de laboralidad de los riders.
Posibles consecuencias y próximos pasos
El Ministerio de Trabajo ha advertido que, de persistir el incumplimiento, podría activar la vía penal contra Uber Eats, como ya ha hecho en el caso de Glovo. La amenaza de acción penal se sustenta en la responsabilidad reforzada que la Ley Rider impone a las plataformas que no regularicen a sus trabajadores.
