Un tribunal de primera instancia de L'Hospitalet de Llobregat archivó el lunes la causa contra un agente de los Mossos d'Esquadra acusado de suplantar la identidad digital de la presidenta de la organización juvenil La Forja. La decisión incluye la concesión de la amnistía prevista en la normativa que cubre actuaciones policiales vinculadas al 'procés'. La medida se produce tras la solicitud conjunta de la defensa, la Generalitat y la Fiscalía.
Detalles del caso y fundamentos legales
El agente había sido puesto bajo investigación tras la denuncia presentada por La Forja, que alegó haber recibido correos electrónicos falsos enviados desde la cuenta de su presidenta. Los cargos incluían suplantación de identidad y revelación de secretos, delitos que podían conllevar penas de prisión. La Fiscalía, sin embargo, argumentó que los hechos no constituían delito porque se enmarcaban en una actuación policial destinada a investigar el 'procés'.
La defensa del mosso, respaldada por la Generalitat, solicitó el archivo alegando que la normativa de amnistía cubría expresamente este tipo de actuaciones. En su escrito, la Fiscalía coincidió en que la conducta encajaba dentro de los supuestos de la ley, lo que facilitó la decisión judicial de archivar la causa.
"Los hechos se originaron en el marco de una investigación legítima contra el movimiento independentista, por lo que la amnistía es aplicable", señaló el fiscal que siguió el caso.
Uso de la ley de amnistía en el procés
Hasta la fecha, la justicia española había amnistiado a más de 100 policías —incluidos miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos— por presuntos abusos contra manifestantes durante el 'procés'. Esa cifra incluye casos de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias, pero nunca se había extendido a un supuesto espionaje digital.
El Tribunal Constitucional, en una sentencia de junio, abrió la puerta a que la amnistía también beneficiara a empleados públicos que hubieran participado en actividades de vigilancia electrónica, como el uso del software Pegasus en teléfonos de dirigentes independentistas. La decisión judicial de hoy constituye la primera aplicación práctica de esa ampliación.
Reacción de la sociedad civil y recursos legales
La asociación independentista Alerta Solidària recurrió la resolución, argumentando que la amnistía protege a agentes que vulneraron derechos fundamentales. En su escrito, la entidad recordó que durante el 'procés' también fueron objeto de espionaje sindicatos y organizaciones de vivienda. "No se trata solo de un caso aislado, sino de una práctica sistemática que la ley pretende encubrir", afirmó su portavoz.
Alerta Solidària ha vinculado su reclamo a otras peticiones de amnistía, como la presentada por 18 independentistas acusados de protestar contra Sociedad Civil Catalana (Amnistía solicitada para 18 acusados del boicot a la UB). La organización también ha criticado la falta de coherencia en la aplicación de la ley, señalando que se otorga clemencia a un único mosso mientras se niega a otros colectivos.
Implicaciones para futuros procesos judiciales
La decisión sienta un precedente que podría influir en la forma en que los tribunales evalúan casos de vigilancia electrónica vinculada a la política catalana. Si la jurisprudencia se mantiene, otros agentes investigados por el uso de herramientas como Pegasus podrían beneficiarse de la misma amnistía, reduciendo la carga de procesos penales en curso.
Por su parte, la Fiscalía ha indicado que seguirá vigilando que cualquier actuación policial se ajuste a la legalidad, aunque ahora cuenta con una herramienta legislativa que le permite solicitar el archivo de causas bajo el amparo de la amnistía.
Próximos pasos
El recurso interpuesto por Alerta Solidària será examinado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que decidirá si la amnistía es aplicable en este caso concreto. Mientras tanto, la polémica sobre el alcance de la ley de amnistía y su impacto en la confianza ciudadana sigue abierta, y los próximos meses podrían ver nuevos recursos y debates en el Parlamento catalán.
