Recurso de Jorge Bellver contra su condición de investigado
El pasado 1 de mayo de 2026 la defensa del director general de Transparencia del Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca, Jorge Bellver, presentó ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ‑CV) un recurso que solicita la nulidad del auto de 2019 que lo declaró investigado en la causa conocida como *caso Azud.
El escrito, al que ha tenido acceso este diario, sostiene que la resolución inicial es nula porque el propio Bellver, en aquel momento diputado autonómico del PP, disfrutaba de la condición de aforado y, por tanto, la autoridad competente para decidir su situación debió ser el TSJ‑CV y no la jueza instruyó del caso. Además, la defensa alega que los hechos que se le imputan están prescritos, lo que eliminaría cualquier base legal para mantenerlo bajo investigación.
Argumentos legales y respuestas del fiscal
El recurso se apoya en dos pilares jurídicos. Primero, la prescripción de los supuestos delitos que se le atribuyen a Bellver, cuya comisión se remontaría a su etapa como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia entre 2008 y 2011. Segundo, el aforamiento que le confería inmunidad parcial como diputado autonómico entre 2011 y 2023, certificado por el secretario general de las Corts Valencianes.
El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, respondió al escrito rechazando ambas alegaciones. En su informe, Ponce afirma que la prescripción no procede porque los hechos siguen siendo investigables bajo la normativa vigente y que el aforamiento del investigado no exime de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial que, en primera instancia, emitió el auto. "La condición de aforado no implica indefensión ni impide la práctica de diligencias cuando existen indicios razonables de delito", sostuvo el fiscal.
Posibles consecuencias judiciales y próximos pasos
El TSJ‑CV será el encargado de pronunciarse sobre la solicitud de nulidad. Si el tribunal acepta el recurso, Bellver quedaría excluido del proceso y se archivaría la fase de investigación en su contra, lo que tendría repercusiones tanto para el propio funcionario como para el Gobierno de Pérez Llorca, que ha defendido su integridad.
En caso de que el tribunal rechace la petición, el auto de 2019 permanecerá vigente y Bellver seguirá figurando como investigado. El proceso judicial continuaría con la posible citación a declarar, la práctica de pruebas adicionales y, en última instancia, la decisión del juzgado sobre la existencia de responsabilidad penal.
Contexto del caso Azud
La investigación del caso Azud se originó a raíz de una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de suministro de agua en la Comunitat Valenciana. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló que Bellver mantuvo reuniones en locales de ocio y en sedes de empresas vinculadas al empresario Jaime Febrer, uno de los principales imputados del caso. Según la UCO, en esas reuniones se habrían intercambiado regalos y favores que podrían constituir un conflicto de intereses.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la defensa insiste en que Bellver nunca recibió notificación del auto de 2019 hasta octubre de 2025, lo que, según el escrito, habría vulnerado su derecho a la defensa. "¿Qué mayor indefensión se le puede ocasionar a un investigado, al que se le pretende considerar como tal desde octubre de 2019, sin que haya tenido conocimiento de la resolución hasta 2025?", plantea la defensa.
Qué implica para los lectores
El desenlace del recurso de Bellver no solo determinará su futuro personal, sino que también influirá en la percepción pública de la lucha contra la corrupción en la Comunitat Valenciana. Una decisión que anule el auto podría ser interpretada como un triunfo de los derechos de los aforados, mientras que su rechazo reforzaría la posición del Ministerio Fiscal en la persecución de los presuntos hechos delictivos.
En cualquier caso, el proceso seguirá siendo seguido de cerca por la ciudadanía, que demanda claridad y rigor en la investigación de los supuestos actos de corrupción que han sacudido la política regional en los últimos años.
