Declaraciones del abogado
Marino Turiel, abogado de José Luis Ábalos, sostuvo este miércoles ante el Tribunal Supremo que los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia son legales e "impecables". Aseguró que no existe rastro de los supuestos pagos de 10.000 euros mensuales del empresario Víctor de Aldama al ministro ni a su asesor.
Argumentos y evidencias presentados
Turiel denunció una clara connotación política del proceso, señalando que la investigación se abrió tras la denuncia del PP de Madrid y que la Fiscalía Anticorrupción la ha convertido en querella. Criticó la falta de acceso a los dispositivos de la Unidad Central Operativa (UCO) que, según él, sustentan la acusación. El abogado afirmó que el Supremo había ordenado el acceso a esas pruebas y que la negativa a entregarlas "intenta ocultar la vulneración de la inmunidad parlamentaria de Ábalos".
Contexto político de la investigación
Los contratos de mascarillas surgieron como parte de la respuesta sanitaria a la COVID‑19. La denuncia del PP de Madrid y la intervención de la Fiscalía Anticorrupción dieron paso a una investigación que ha generado amplio debate mediático. Turiel describió el caso como un "runrún" impulsado por una auditoría del Ministerio dirigida por Óscar Puente, que habría servido de catalizador para la querella.
