Pegasus: Audiencia de Barcelona reabre la causa contra Òmnium Cultural

Audiencia de Barcelona reabre causa de espionaje Pegasus a Òmnium Cultural

La Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado un auto que reabre la investigación sobre el presunto uso del spyware Pegasus contra Marcel Mauri, Elena Jiménez y Meritxell Bonet, miembros de la asociación civil Òmnium Cultural. El expediente había sido archivado por el Juzgado de Instrucción 21 en febrero de 2026. La decisión llega tras un recurso presentado por la entidad, representada por el abogado Benet Salellas.

Detalles de la resolución judicial y motivos del reinicio

La Sección 5 de la Audiencia estimó parcialmente el recurso y señaló que "parece que existen indicios de una intervención no autorizada de los terminales de los querellantes". La pericia realizada durante la fase de instrucción no descartó la posible autoría del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Además, el tribunal recordó que varios Juzgados de Instrucción de Barcelona siguen investigando hechos análogos y que sus procesos están más avanzados.

Con el fin de esclarecer los hechos, el tribunal ha solicitado al Consejo de Ministros que desclasifique la documentación relativa a las actuaciones del CNI sobre los teléfonos de los tres implicados. También ha ordenado el envío de una comisión rogatoria a Israel para recabar información de NSO Group, Q Cyber Technologies Limited y OSY Technologies SARL, empresas propietarias del software Pegasus, con el objetivo de saber si conservan registros sobre su uso en los dispositivos señalados.

Otro requerimiento del auto es la remisión de exhortos a los Juzgados de Instrucción 20, 24 y 29 de Barcelona, para que entreguen copias testificadas de los informes periciales que posean en los procedimientos vinculados a infecciones con Pegasus. La medida busca evitar la fragmentación de la investigación y centralizar la evidencia disponible.

En el recurso, Òmnium había aportado pruebas periciales informáticas que, según su argumento, demostraban la infección de los teléfonos entre 2018 y 2020. La entidad denunció que la investigación previa había sido "fragmentada, lenta, revictimizadora y sin ningún tipo de efecto concreto y real".

Posibles pasos futuros y consecuencias legales

El próximo paso consiste en que el Consejo de Ministros responda al suplicatorio y, en su caso, desclasifique la documentación solicitada. Paralelamente, se espera la recepción de los informes periciales de los juzgados mencionados, lo que permitirá al tribunal valorar la magnitud de la posible intervención.

Si las diligencias confirman la existencia de una intervención no autorizada, el juzgado podría iniciar procedimientos penales contra los responsables, lo que implicaría una revisión exhaustiva de los protocolos de actuación del CNI. La apertura de un caso de esta naturaleza podría intensificar el escrutinio público y parlamentario sobre el uso de herramientas de vigilancia en territorio español.

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha calificado la decisión como "lo mínimo que debe hacer la justicia para investigar el espionaje político perpetrado contra Òmnium Cultural a través de los teléfonos de los tres afectados". "Hace falta seguir presionando para que se desclasifique toda la información y se pueda saber la verdad de esta causa general contra el independentismo", añadió Antich, subrayando la relevancia del caso para la defensa de los derechos fundamentales.

En caso de que se confirme la autoría del CNI, la polémica podría derivar en demandas de responsabilidad estatal y en la exigencia de reformas legislativas que regulen el empleo de software de vigilancia. Asimismo, la cooperación internacional con Israel y las empresas vinculadas a Pegasus podría generar tensiones diplomáticas y requerir la intervención de organismos de derechos humanos.

La reapertura de la causa marca, por tanto, un punto de inflexión en la lucha contra el espionaje digital en España, y sitúa de nuevo en el foco de la opinión pública la cuestión de los límites de la inteligencia estatal frente a la protección de la privacidad y la libertad de expresión.