Cierre del expediente de morosidad de España – Comisión Europea
El 29 de abril de 2024 la Comisión Europea comunicó oficialmente a Madrid el cierre del procedimiento de infracción abierto en julio de 2015 por incumplir la directiva comunitaria sobre morosidad en pagos públicos. La decisión pone fin a once años de vigilancia y a la posibilidad de que el caso fuera remitido al Tribunal de Justicia de la UE.
El anuncio llegó tras la publicación del listado de novedades del Ejecutivo comunitario, donde se indica que el expediente ha sido archivado sin sanciones. "El proceso ha concluido porque España ha demostrado un cumplimiento sostenido de la normativa europea", señaló un portavoz de la Comisión.
Mejora en los plazos de pago y razones del cierre
Durante los últimos cuatro años el Gobierno español ha adoptado una serie de medidas legislativas y técnicas que han reducido de forma constante los retrasos en los pagos a proveedores. Entre ellas destacan la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y la implantación de plataformas electrónicas de gestión de facturas.
El Ministerio de Hacienda informó que el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) ha descendido por debajo del límite legal de 30 días en todas las administraciones: gobierno central, comunidades autónomas, entidades locales y la Seguridad Social. Estos datos, recogidos en los cuestionarios semestrales que la Comisión exige, fueron el argumento principal para archivar el caso.
"Hemos conseguido que la media nacional se sitúe por debajo de los 30 días, lo que garantiza la liquidez de las pymes y refuerza la confianza en el mercado interno", afirmó el secretario de Estado de Hacienda.
Perspectivas tras el cierre del expediente
Con el expediente cerrado, España elimina la presión regulatoria directa de la UE y evita posibles multas que podrían haber alcanzado varios millones de euros. No obstante, la Comisión mantendrá una vigilancia continua para asegurar que los estándares de puntualidad se conserven.
El Gobierno ha anunciado que seguirá impulsando la digitalización de los procesos de pago y reforzará los mecanismos de seguimiento a nivel local, donde históricamente los retrasos eran más pronunciados. La expectativa es que la mejora estructural se consolide y que las pymes, que representan el 80 % del empleo privado, dispongan de una mayor estabilidad financiera.
En los próximos meses se prevé la publicación de un informe de resultados del PMP 2025, que servirá como referencia para futuras evaluaciones de la Comisión. Si España mantiene los plazos actuales, podría convertirse en un referente dentro de la UE en materia de gestión de pagos públicos.
En definitiva, el cierre del expediente no solo elimina un riesgo legal, sino que también abre la puerta a una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos, beneficiando a la economía real y a los ciudadanos que dependen de los servicios que el Estado presta.
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Editor de Economía
Economista y periodista especializado en mercados financieros y política monetaria europea.
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