El conseller de Empresa y Treball, Miquel Samper, anunció este miércoles la puesta en marcha inmediata del plan piloto de prevención de accidentes laborales en Catalunya. La iniciativa, paralizada durante un año, vuelve a la agenda de la Generalitat con el objetivo de reducir los siniestros en el trabajo.
Presidente de la Generalitat Salvador Illa, presidente de Foment Josep Sánchez Llibre y conseller Miquel Samper en una foto de archivo
El programa prevé la creación de 12 delegados territoriales: tres representantes de Foment del Treball, tres de Pimec, tres de CCOO y tres de UGT. Cada delegado realizará visitas a empresas, con la meta de 1.000 inspecciones a lo largo del año, centradas en pymes y sectores con mayor riesgo.
Detalles del programa y la oposición de Foment del Treball
Foment del Treball rechazó la medida, alegando que duplicaría funciones de la Inspección de Trabajo y que podría criminalizar a las compañías. La organización sostuvo que la supervisión ya existe en sectores como la construcción, donde la figura del delegado territorial está operativa.
En 2025, 125 trabajadores perdieron la vida en accidentes laborales, el nivel más alto de la última década. El aumento de muertes ha impulsado la presión política para reforzar los mecanismos de prevención.
La patronal catalana está próxima a celebrar sus elecciones internas, lo que complica la negociación con los sindicatos. La Generalitat busca impulsar de nuevo el plan antes de que el nuevo liderazgo de la patronal tome posesión.
Próximos pasos y posibles escenarios
Si Foment del Treball mantiene su oposición, el proyecto podría quedar estancado nuevamente. En caso de llegar a un acuerdo, la Generalitat financiará los delegados y los agentes sociales gestionarán las visitas, creando un modelo de corresponsabilidad.
Los sindicatos CCOO y UGT expresaron su apoyo, señalando que la participación de sus delegados garantiza una visión equilibrada de la prevención.
El Departamento de Treball ha asignado 3 millones de euros para financiar el programa durante su primer año, cubriendo salarios y gastos operativos de los delegados.
El retraso anterior se debió a la falta de consenso en el Acord Interprofesional de Catalunya, pendiente de renovación desde hace tres años. La falta de acuerdo ha sido señalada como un obstáculo para iniciativas conjuntas como esta.
Cada visita incluirá una auditoría de los protocolos de seguridad, la identificación de riesgos y la entrega de un informe con recomendaciones concretas. Se espera que, con la implementación completa, la tasa de accidentes disminuya al menos un 10 % en el primer año.
El gobierno regional ha subrayado que el éxito del piloto dependerá de la colaboración entre patronales y sindicatos, y ha anunciado una evaluación intermedia a los seis meses para ajustar el programa.
En caso de resultados positivos, la Generalitat contempla ampliar el modelo a toda España, convirtiéndolo en referencia nacional para la prevención laboral.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas de 2025 siguen exigiendo medidas más contundentes, lo que ha aumentado la presión social sobre los responsables políticos.
