Gobierno defiende la regularización ante el Supremo
La Abogacía del Estado ha presentado ante el Tribunal Supremo un escrito solicitando que no se paralice cautelarmente el real decreto que regula la regularización extraordinaria de migrantes, aprobado por el Gobierno en julio. La petición se produce mientras la medida es impugnada por la Comunidad de Madrid, el partido Vox y varias asociaciones, entre ellas Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia.
El escrito argumenta que la suspensión de la norma provocaría un vacío legal que perjudicaría a los migrantes que ya han iniciado los trámites de regularización, y que el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la continuidad de la política migratoria.
Argumentos legales y legitimación de la demanda
El Estado fundamenta su defensa en la existencia de un interés público respaldado por una iniciativa legislativa popular que reunió más de 600.000 firmas y cuenta con el apoyo de la mayoría del Congreso. "No puede desconocerse que existe un interés ciudadano en la regularización", subrayan los abogados del Estado.
Además, la Abogacía del Estado sostiene que la asociación Hazte Oír carece de legitimación activa para interponer la demanda, por lo que pide su inadmisión de plano. La falta de legitimación, según el escrito, impide que la asociación actúe como parte en un proceso que afecta a la política nacional.
