España vive una situación histórica: dos huelgas docentes indefinidas se han declarado simultáneamente en Madrid y en la Comunitat Valenciana. La convocatoria parte de las educadoras de infantil de Madrid, que llevan 5 semanas en paro, y del profesorado valenciano, que realiza su primera huelga general en 38 años.
Detalles de la movilización y sus reivindicaciones
Los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CSIF lideran la acción en Valencia, mientras que en Madrid participan también ANPE y agrupaciones de familias y estudiantes. Miles de docentes y cientos de familias desfilaron en la capital y en ciudades valencianas el lunes.
Entre las exigencias comunes destacan la derogación inmediata de la Ley Rovira, la reducción de ratios alumno‑profesor, la asignación de recursos suficientes para infraestructuras y material, y la mejora salarial y de condiciones laborales dignas.
Las educadoras de infantil denuncian ratios de hasta 25 niños por cuidadora, falta de personal de apoyo y salarios que no superan el salario mínimo interprofesional. Reclaman una subida salarial del 15 % y la garantía de jornadas sin sobresaturación.
En la Comunitat Valenciana, el foco está en la defensa del valenciano como lengua vehicular y en la eliminación de la normativa que, según los docentes, amenaza su uso en el aula. Exigen también más plazas y menos burocracia.
Las familias agrupadas en Fampa‑València y la Confederación Gonzalo Anaya acompañan la protesta, argumentando que la calidad educativa no puede sacrificarse por recortes. El Sindicat d'Estudiants ha convocado manifestaciones estudiantiles en varias universidades.
Posibles escenarios y próximos pasos
El Gobierno ha anunciado una reunión con los representantes sindicales para el próximo viernes, con la intención de abrir un canal de diálogo y presentar una propuesta de ajuste presupuestario.
Si las conversaciones no avanzan, los sindicatos advierten que la huelga podría extenderse a otras comunidades autónomas, replicando el modelo de paro indefinido que ya se ha visto en Andalucía y Aragón.
Una paralización prolongada obligaría al Ejecutivo a revisar la reforma educativa prevista para el segundo semestre, posponiendo la puesta en marcha de los nuevos criterios de evaluación y la digitalización de aulas.
Los ciudadanos deberán seguir de cerca la evolución de las negociaciones, ya que la resolución de estas demandas podría marcar un antes y un después en la financiación y organización del sistema educativo español.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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