Desalojo del supermercado okupado en Ibiza
La Policía Nacional desalojó el local 59 de la calle Aragón, en el centro de Ibiza, el pasado martes, tras ejecutar una orden judicial emitida esa misma mañana.
El inmueble, que había funcionado como albergue ilegal durante cinco años, albergaba a hasta diez personas en zulos de pladur sin ventilación ni luz natural. Los agentes aseguraron la zona y pusieron a disposición los datos de los ocupantes.
Cómo funcionaba el albergue y por qué permaneció activo cinco años
Los zulos, construidos con tabiques de pladur, estaban numerados y cubiertos de grafitis; los pasillos estrechos apenas dejaban pasar la luz. Cada cubículo apenas permitía que una persona estuviera de pie, y la humedad había devorado las paredes.
El local, arrendado en 2020 bajo contrato de colmado, fue reconvertido sin permiso por el inquilino en un albergue pirata que cobraba habitaciones a inmigrantes vulnerables. El Ayuntamiento de Ibiza ordenó su precinto en 2023, pero la ejecución tardó casi mil días.
Contexto de la crisis de vivienda en Ibiza
Ibiza registra precios de alquiler de habitaciones que superan los 1.500 € al mes, situándose entre los rankings nacionales de mayor precariedad habitacional. Esta escalada obliga a residentes sin recursos a buscar refugios informales como el de la calle Aragón.
«No tenemos donde dormir y no sabemos qué va a pasar con nosotros», declaró uno de los ocupantes, de origen colombiano, mientras la policía les entregaba la orden de desalojo. Otros jóvenes aseguraron que habían pagado alquileres ilegales sin recibir vivienda.
La falta de vivienda asequible se refleja en informes que indican que los españoles necesitan casi dos años de sueldo para el ahorro inicial de una vivienda propia, como analiza este artículo.
El Ayuntamiento ha anunciado que reforzará los controles de ocupación y que colaborará con la Consejería de Vivienda para acelerar los planes de alquiler social. En paralelo, Junts ha pedido al Gobierno nacional la aprobación de incentivos fiscales que faciliten el acceso a la vivienda, según su propuesta.
El desalojo marca un precedente para otras ocupaciones ilegales en la isla y pone de relieve la necesidad de soluciones habitacionales urgentes. Mientras tanto, los antiguos moradores deberán buscar alternativas de acogida, y la justicia seguirá investigando posibles responsabilidades del antiguo arrendatario.
Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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