Resumen de la sentencia
La sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha dictado sentencia contra Antoni Sitjas, José María Caballero y Melquíades Garrido por falsedad documental. Los tres fueron hallados culpables de crear facturas falsas que encubrían la ampliación del concesionario S. Motor SL en Sabadell en 2009. La decisión judicial impone a Garrido tres meses de prisión y una multa de 900 €, mientras que Sitjas y Caballero reciben un mes y 16 días de cárcel cada uno, más una multa de 360 € por persona. Además, los tres deberán pagar 2.029,53 € de forma solidaria a la Agencia Tributaria por el IAE no ingresado, más intereses de 2010 y 2011.
La condena se produce tras más de quince años de dilaciones judiciales, lo que atenuó las penas previstas inicialmente por la acusación popular. El tribunal señaló que la confesión y los retrasos permitieron conmutar la prisión por multas equivalentes: el mes y 16 días pueden sustituirse por 552 €.
Detalles de los hechos y de las penas impuestas
En 2009, el propietario de la nave, Antoni Sitjas, decidió ampliar el taller de S. Motor SL sin registrar la obra ni el incremento de superficie en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Para ocultar la ampliación, Sitjas solicitó a su asesor contable, José María Caballero, la emisión de facturas falsas que declararan que las obras se habían realizado en 2011, cuando ya se había empezado a pagar el IAE.
El constructor, Melquíades Garrido, presidente del Gremio de Constructores comarcal y tío del exalcalde Manuel Bustos, aceptó redactar una factura falsa emitida por un empresario fallecido, quien desconocía el uso del documento. La factura fue admitida por la Agencia Tributaria, permitiendo al concesionario ahorrar aproximadamente 2.000 € en impuestos.
El tribunal constató que la secretaria de la empresa, hija del constructor, se negó a colaborar, lo que obligó a Garrido a buscar albaranes falsos y a presionar a funcionarios de la Agencia Tributaria y del Departamento de Urbanismo de Sabadell para que los aceptaran. No quedó probado que el constructor revelara a la funcionaria Montserrat Capdevila que las obras se habían realizado dos años antes.
Las penas impuestas reflejan la gravedad del fraude: tres meses de prisión para Garrido y un mes y 16 días para Sitjas y Caballero, cada uno con sus respectivas multas. Además, los tres deben abonar de forma solidaria la cantidad de 2.029,53 € a la Agencia Tributaria, más los intereses de los años 2010 y 2011.
Contexto breve del caso Cas Mercuri
La pieza 21 del caso Cas Mercuri forma parte de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en la gestión de obras y concesiones en el área metropolitana de Barcelona. El caso se centró en la ampliación del concesionario S. Motor SL, propiedad de Sitjas, y en la supuesta colusión entre empresarios y funcionarios municipales para eludir el pago de tributos.
Aunque diez personas fueron acusadas en la pieza 21, solo tres resultaron condenados; el resto, incluida la ex teniente de alcaldía Montserrat Capdevila, fue absuelto. La acusación popular, impulsada por la Plataforma Sabadell Libre de Corrupción (SBDLC), había pedido penas mucho más severas, incluyendo tres años de cárcel para Garrido y una multa de 28.000 €. El tribunal redujo significativamente esas demandas, argumentando que la dilación del proceso y la confesión atenuaron la responsabilidad penal.
El fallo subraya la dificultad de perseguir hechos cometidos hace más de una década, pero también envía un mensaje claro sobre la intolerancia al fraude fiscal y a la falsificación documental en el ámbito empresarial.
Implicaciones y próximos pasos
La sentencia marca un precedente en la lucha contra la corrupción local, mostrando que incluso los casos más antiguos pueden concluir con condenas efectivas. Los condenados podrán solicitar la conmutación de la prisión por las multas previstas, lo que reducirá el tiempo en cárcel pero mantendrá la carga económica.
Para la Agencia Tributaria, el caso refuerza la necesidad de reforzar los controles sobre la declaración de actividades económicas y la verificación de facturas. Los ciudadanos de Sabadell y la comarca observarán de cerca la ejecución de la multa y el pago de los intereses, mientras que la opinión pública seguirá evaluando la eficacia de las instituciones para prevenir fraudes similares en el futuro.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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