La consellera de Interior Núria Parlon ha ordenado al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, y al director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, abrir una información reservada para esclarecer la presencia de agentes en una asamblea docente que preparaba la huelga, celebrada el pasado martes en Barcelona.
Apertura de información reservada
La orden se emitió el lunes por la tarde, tras la denuncia del sindicato CGT de que dos agentes especializados en mediación laboral asistieron a la reunión sin autorización conocida. La información reservada recogerá los informes de la Comisaría General de Información y los registros de los operativos desplegados.
Según el procedimiento interno, la apertura de una información reservada permite que un tribunal interno evalúe la legalidad del operativo y determine si existen infracciones disciplinarias. En este caso, la investigación se centrará en si los agentes actuaron bajo mandato o de forma improvisada.
Reacciones de la consellera y revisión del procedimiento
Parlon compareció en el Parlament junto a Trapero para responder a las preguntas de los diputados. «Desconocía el operativo y pido una revisión formal del procedimiento de la Comisaría General de Información», declaró la consellera, añadiendo una disculpa dirigida a los sindicatos, especialmente a CGT.
La consellera subrayó que la maniobra fue operativa y no política, y defendió la profesionalidad de los Mossos. «No debemos confundir un hecho polémico con la tarea diaria de nuestros agentes», afirmó. La polémica se produce en un contexto de tensión docente, en el que ERC y Comuns exigen a Niubó renegociar el acuerdo docente.
Posibles consecuencias y próximos pasos
La información reservada determinará si se abre expediente disciplinario contra los agentes implicados. De confirmarse una actuación irregular, los responsables podrían enfrentar sanciones que van desde la amonestación hasta la separación del cuerpo.
Parlon también anunció una revisión de los protocolos de actuación policial en contextos sindicales y de protesta, con el objetivo de evitar que incidentes similares erosionen la confianza de los movimientos sociales. La medida se suma a otras investigaciones, como la que sigue a los Mossos d'Esquadra bajo denuncia del SAP-ME.
Si la investigación concluye con sanciones, se espera que el gobierno ajuste los criterios de intervención policial en futuras asambleas, lo que podría modificar la forma en que los sindicatos organizan sus movilizaciones.
Temas relacionados
Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
¿Te ha gustado este artículo?
Suscríbete a nuestro boletín y recibe las mejores noticias en tu correo cada día.
