Alcalde de Ourense enfrenta juicio por prevaricación (SEO)
Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, ha sido denunciado por presunta prevaricación continuada al no solicitar la compatibilidad de sus ingresos privados con el cargo público. La Fiscalía ha presentado un escrito que rechaza el recurso de apelación del alcalde y solicita que el caso sea remitido a juicio. La denuncia se produce en el marco de una investigación que ya había sido archivada en 2024 por la misma Fiscalía.
El alcalde ha calificado la actuación del ministerio público de "ruido político" y ha defendido la legitimidad de sus ingresos privados, comparándolos con los de diputados que poseen segundas viviendas sin necesidad de compatibilidad. La Audiencia Provincial de Ourense será la encargada de decidir si el proceso avanza.
Detalles del proceso judicial y argumentos de la defensa (SEO)
La Fiscalía sostiene que Jácome conocía la obligación de solicitar la compatibilidad y, sin embargo, la omitió porque anticipó una denegación. Según el informe del fiscal, el alcalde cobró el sueldo bajo dedicación exclusiva mientras realizaba actividades privadas que generaban beneficios incompatibles con su puesto. La acusación pública pide que sea juzgado por prevaricación continuada.
Por su parte, la defensa ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial solicitando el sobreseimiento del caso. En su escrito, el alcalde argumenta que la información sobre sus ingresos era pública y notoria el 29 de abril, pero que el fiscal, en un escrito posterior, la consideró no notoria, creando una contradicción. Además, Jácome cita un informe técnico que, según él, demuestra la legalidad de sus actividades privadas.
La acusación particular, distinta a la Fiscalía, ha pedido una pena de prisión, pero también se opone al recurso de la defensa. Ambas partes han sido analizadas por el tribunal de instancia, que ha remitido el recurso a la Audiencia Provincial para su resolución.
Posibles desenlaces y repercusión política (SEO)
La Audiencia Provincial decidirá si el caso avanza a juicio y bajo qué delito será juzgado el alcalde. Un fallo que confirme el juicio podría obligar a Jácome a responder en el banquillo y, en caso de condena, acarrearía sanciones penales y la posible pérdida del cargo.
En el escenario de un sobreseimiento, el alcalde mantendría su posición y podría usar la decisión como argumento de que la denuncia era un ataque político. Independientemente del resultado, el caso ha generado un intenso debate en la esfera local sobre la transparencia de los ingresos de los cargos públicos y la aplicación de la normativa de incompatibilidades.
El impacto político se extiende a la coalición municipal, que deberá gestionar la percepción pública y posibles presiones internas. La oposición ha pedido la renuncia del alcalde mientras se resuelve el proceso, y la ciudadanía observa con atención la evolución del caso, que podría marcar un precedente en la forma en que se controlan los intereses privados de los funcionarios.
En cualquier caso, la decisión de la Audiencia Provincial será decisiva para determinar si la acusación de prevaricación se traduce en un proceso judicial efectivo o si el alcalde logra evitar el banquillo mediante el sobreseimiento.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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