Detención y suspensión de la expulsión del joven marroquí Mounir M.
Mounir M., de 26 años, fue detenido el 14 de mayo en Altea mientras acudía al Ayuntamiento para iniciar los trámites de regularización extraordinaria. La Policía lo puso a disposición del Juzgado de Instrucción nº 4 de Benidorm, que ordenó su internamiento en el CIE de Valencia por presunto riesgo de fuga.
La medida quedó suspendida tras la presentación de una solicitud de protección internacional, que obliga al Ministerio del Interior a pronunciarse en cuatro días. Mientras tanto, la ejecución de la expulsión prevista para el 14 de mayo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas está paralizada.
Motivos de la detención y la defensa legal
El juez consideró que Mounir no había acreditado un domicilio estable, lo que, a su juicio, implicaba un riesgo de incomparecencia. La defensa, encabezada por el letrado Álvaro Vico Cortés, sostiene que la falta de claridad se debió a la limitada capacidad del joven para expresarse en español.
«No supo explicar bien su dirección por sus dificultades con el español», afirma el abogado. Presentó certificados de empadronamiento, documentación sanitaria, número de Seguridad Social y pruebas de empleo que demuestran su arraigo social y laboral en Altea.
El recurso de reforma contra el auto de internamiento fue desestimado, pero la defensa ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y, paralelamente, ha solicitado medidas cautelares en la jurisdicción contencioso‑administrativa de Alicante para impedir la devolución a Marruecos.
Próximos pasos y posible resolución
Con la solicitud de protección internacional en trámite, el Ministerio del Interior dispone de cuatro días para admitirla o rechazarla. En caso de denegación, la defensa planea solicitar el reexamen completo de la situación administrativa, aportando nuevamente toda la documentación de arraigo y la solicitud de regularización ya presentada.
Mientras tanto, el expediente de expulsión, que quedó firme en noviembre de 2025, sigue sin ejecutarse. La defensa recuerda que en aquella ocasión el abogado de oficio no interpuso recurso alguno, lo que dejó al joven sin defensa efectiva.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, que advierten de un posible perjuicio irreparable si la expulsión se lleva a cabo sin valorar adecuadamente la documentación presentada.
Qué puede ocurrir a continuación: si el Ministerio acepta la protección internacional, la expulsión se anula y Mounir podrá continuar su proceso de regularización. Si la rechaza, la defensa seguirá luchando en los tribunales, mientras la situación del joven permanece en un limbo jurídico que afecta a su vida cotidiana y a su familia en Altea.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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