Derechos de personas con trastorno mental: la advertencia de Victòria Monell y el reto legal en España

Derechos de personas con trastorno mental: la advertencia de Victòria Monell

Victòria Monell ha recordado en una entrevista reciente que gran parte de las personas con trastorno mental severo desconocen que pueden decidir sobre su vida y patrimonio. "Ellos muchas veces no son conscientes de que tienen el derecho a tomar sus decisiones", afirma la presidenta, que lleva más de tres décadas al frente de la entidad. La falta de información, según Monell, proviene de una protección tradicional que ha convertido a los usuarios en sujetos pasivos.

Apoyo a la capacidad jurídica y retos de la fundación

Fundada en 1992 bajo el nombre de Malalts Mentals, la Fundació Silvestra Moreno ha pasado de la tutela tradicional al modelo de apoyo a la capacidad jurídica. Este cambio implica que, en lugar de nombrar tutores, se ofrecen apoyos personalizados que permiten a la persona gestionar su economía, su vivienda y sus relaciones. Monell explica que el mayor desafío es cambiar la percepción de incapacidad por la de necesidad de apoyo: "El gran reto es cambiar el concepto de que son incapaces por el de personas que necesitan apoyo para tener la misma vida que el resto".

El modelo de la fundación se centra en los más vulnerables: personas sin familia, en situación de calle o con consumos problemáticos. La entidad ofrece acompañamiento voluntario antes de que la crisis financiera haga que se pierda el patrimonio. Sin embargo, la directora señala que la falta de recursos y la persistencia de una mirada paternalista dificultan la puesta en práctica total del nuevo enfoque.

Contexto legal y evolución de la protección en España

A nivel internacional, la ONU ha impulsado la plena capacidad legal de las personas con trastorno mental, eliminando la incapacitación y promoviendo apoyos adaptados. La legislación española ha incorporado estos principios en la reciente reforma de la capacidad jurídica, que obliga a valorar la voluntad del interesado y a ofrecer apoyos antes de recurrir a la tutela.

Aun así, persisten dudas en familias y en los juzgados, donde todavía se utilizan expresiones como "el incapaz". Monell advierte que la jurisprudencia sigue reflejando la vieja mentalidad, lo que retrasa la efectividad de la ley. La falta de recursos y la escasa formación de los profesionales del derecho son obstáculos que la fundación intenta sortear.

En este contexto, iniciativas como el estudio revela alteraciones cerebrales tempranas en adolescentes con TLP subrayan la necesidad de intervenciones tempranas y personalizadas, reforzando el argumento de Monell sobre la importancia de los apoyos. Asimismo, la presión social generada por casos como el UGT lleva a España al CEDS por incumplir el derecho a la vivienda muestra que la defensa de derechos fundamentales está en la agenda pública, lo que podría favorecer la financiación de programas de apoyo jurídico.

Perspectivas y próximos pasos

Monell concluye que, aunque la normativa está lista, la transformación cultural es más lenta. La fundación continuará ofreciendo apoyos voluntarios y luchando contra el estigma, mientras presiona a las instituciones para que asignen recursos suficientes. El éxito del nuevo modelo dependerá de la capacidad de la sociedad para reconocer la plena capacidad de las personas con trastorno mental y de la voluntad política para financiar los apoyos necesarios.