La Audiencia Provincial de Albacete ha abierto juicio contra Juan Martínez y Pedro López por la fabricación, modificación y venta de cientos de rifles y munición desde una nave industrial alquilada en Hellín entre 2012 y 2013.
Cientos de rifles ilegales en Hellín: qué ocurrió
Los hechos se desarrollaron durante aproximadamente un año, entre 2012 y 2013, cuando los acusados alquilaron una nave bajo la denominación Proyectiles Toro S.L.. Allí transformaron armas de fuego y fabricaron munición sin contar con la autorización del ICAE ni con licencias de armero. Según la Fiscalía, la actividad incluyó la optimización, punzonado y ensamblaje de rifles que luego fueron vendidos tanto a particulares como a intermediarios.
La operación quedó al descubierto en junio de 2013, cuando la policía interceptó a Martínez transportando medio kilo de pólvora y balas. La inspección de la nave reveló más de cien armas de distintos calibres, lo que permitió iniciar la investigación y detener a ambos sospechosos.
Operación clandestina: cómo fabricaron y vendieron armas
Para ocultar la ilegalidad, los acusados crearon dos empresas pantalla: Proyectiles Toro S.L. y Armas Hispania S.L.. Ninguna de ellas disponía de trabajadores ni de la habilitación requerida para la fabricación de armamento. Utilizaron maquinaria industrial para transformar rifles y producir cartuchos, mientras que la facturación se canalizaba a cuentas ajenas, incluida la de la esposa de Martínez.
La distribución se realizó mediante servicios de mensajería y vehículos de alquiler que trasladaban los rifles a otras provincias y al extranjero. Además, publicitaban sus servicios en foros especializados de armas y en redes sociales, ofreciendo rifles sin grabado, pavón o barnizado. La venta se formalizaba mediante guías de circulación de armerías, creando una apariencia de legalidad que dificultó su detección.
Marco legal y posibles penas
La Fiscalía acusa a ambos de doce delitos, entre los que se incluyen tenencia de armas prohibidas, tenencia de armas reglamentadas sin licencia y tráfico ilícito de armamento. En el escrito de acusación se solicita 12 años de prisión para cada acusado, así como la imposición de multas y la prohibición de ejercer actividades relacionadas con la fabricación o comercialización de armas.
El caso destaca la falta de autorización del ICAE, organismo encargado de controlar la fabricación y comercialización de armas en España. La ausencia de licencias y la utilización de empresas ficticias vulneraron el marco legal que regula el sector, lo que la Fiscalía califica como una grave amenaza a la seguridad pública.
Próximos pasos del proceso judicial
El juicio se celebrará ante la Audiencia Provincial de Albacete, donde el tribunal decidirá la condena definitiva y determinará las medidas de seguridad que se adoptarán para evitar la reaparición de redes similares. Se espera que la audiencia emita sentencia en los próximos meses, tras la presentación de pruebas y la valoración de los testimonios de los agentes que realizaron la inspección.
El desenlace del caso servirá de referencia para futuras investigaciones sobre tráfico clandestino de armas en territorio nacional. Una condena firme enviará un mensaje claro a quienes intenten eludir la normativa del ICAE y reforzará la vigilancia de actividades sospechosas en el sector de la fabricación de armamento.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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