El Ayuntamiento de Barcelona ha comunicado que no intervendrá de forma directa en las denuncias presentadas contra Elharrar Mardochee, conocido como el 'rey de la Boqueria'. "No hemos recibido quejas dentro del Instituto Municipal de Mercados, por lo que no podemos actuar", afirmó Raquel Gil, presidenta del Instituto.
Raquel Gil ha precisado que la administración limitará su actuación a un control y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social de los titulares de licencias. La medida se basa en la actuación previa de la Inspección de Trabajo y los juzgados.
Detalles de la controversia y respuesta institucional
Ocho trabajadores han presentado denuncias por acoso, coacciones y explotación laboral contra Elharrar Mardochee. Las demandas incluyen insultos racistas, presiones para impedir bajas y manejo de alimentos en mal estado.
Las denuncias fueron elevadas a la Inspección de Trabajo y a los juzgados, según indica el consistorio, que considera que no tiene competencias para intervenir directamente. "Ya se han presentado las quejas ante los órganos competentes", señaló la fuente municipal.
El partido ERC exigió al consistorio que presente una denuncia de oficio a la Inspección de Trabajo y que incorpore cláusulas anti acoso en la concesión de licencias. El concejal pidió coherencia institucional.
"La Boqueria es la cara más visible de Barcelona en el mundo; que el Ayuntamiento no se implique es un problema de coherencia institucional", declaró Coronas durante la comisión de Economía y Hacienda.
El consistorio respondió que, al no haber recibido quejas en el Instituto Municipal de Mercados, su intervención está limitada a la vigilancia del cumplimiento normativo. La administración subraya que ya existe una cláusula que vincula las licencias al cumplimiento de la normativa laboral.
Raquel Gil recordó que la cláusula ya está en vigor y que los titulares deben acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. Coronas replicó que, si no se ejerce, se pierde la oportunidad de enviar un mensaje claro a los operadores.
Posibles pasos futuros y seguimiento del caso
El Instituto Municipal de Mercados realizará un control y seguimiento del caso, exigiendo a los titulares de los establecimientos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones laborales y de la seguridad social. El objetivo es garantizar que las licencias no se usen para vulnerar derechos.
Se exigirá a los titulares de licencias que presenten certificaciones de cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social, bajo la supervisión del Instituto. La medida busca evitar futuras irregularidades en el mercado.
El primer juicio está previsto para julio y reunirá a los ocho demandantes frente a los tribunales. La audiencia será el punto de partida para determinar la responsabilidad del empresario.
Si el juzgado confirma las acusaciones, el Ayuntamiento podría revocar o suspender las licencias de los locales implicados, según la legislación vigente. La decisión tendría un impacto directo en la operatividad de varios establecimientos.
ERC ha anunciado que seguirá presionando al consistorio y que presentará una moción para reforzar la intervención municipal en casos de acoso laboral en mercados públicos. La oposición busca garantizar la protección de los trabajadores.
La comunidad empresarial de la Boqueria observa el caso con preocupación, temiendo que la controversia pueda afectar la reputación del mercado y la afluencia de visitantes. Los comerciantes están atentos a cualquier medida que pueda repercutir en sus actividades.
Expertos en derecho laboral advierten que el caso podría sentar precedentes sobre la responsabilidad de los ayuntamientos en la supervisión de licencias municipales. La jurisprudencia futura podría reforzar los mecanismos de control.
Mientras tanto, los consumidores siguen visitando la Boqueria sin cambios visibles, aunque algunos expresan inquietud por las denuncias. La actividad turística del mercado se mantiene estable.
El control del Instituto Municipal de Mercados se iniciará en las próximas semanas y se publicarán informes periódicos sobre el cumplimiento de las obligaciones. La transparencia será clave para restaurar la confianza.
La decisión del Ayuntamiento se enmarca en la normativa que limita la intervención directa a casos donde la autoridad municipal haya recibido quejas formales. Esta política busca respetar la competencia de los órganos laborales.
El seguimiento del caso será crucial para la imagen de la ciudad como referente gastronómico y turístico, y para demostrar que las instituciones actúan con rigor ante denuncias de acoso laboral.
