José María Ángel y la denuncia de título falso en la Diputación de Valencia: Resumen de la noticia
José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la DANA, ve cómo la Diputación de Valencia cuestiona la prueba principal de la causa: una fotocopia de un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía supuestamente expedido por la Universitat de València. El documento aparece en su expediente personal como funcionario y había sido la base de la acusación particular presentada por la propia Diputación.
La Audiencia de Valencia ha reabierto la causa tras la denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude. La reapertura implica que Ángel volverá a ser interrogado como investigado y que la Fiscalía Anticorrupción seguirá ampliando la investigación, pese a que el juzgado había archivado el caso en 2025 por presunta prescripción.
Detalles del informe que pone en duda la evidencia
El informe elaborado por Pablo Ausina, instructor del expediente disciplinario, indica que no existe registro que permita determinar cuándo ni quién introdujo la fotocopia del título falso en el expediente de Ángel. La falta de justificante o entrada documental impide rastrear el origen del documento, lo que debilita su valor probatorio.
Aun así, el informe presume que Ángel "no era ajeno a su existencia". En 2015, tras su nombramiento como secretario autonómico de Emergencias, solicitó por correo electrónico un certificado de los títulos que constaban en su expediente. El entonces jefe de Personal, Josep Salvador Duart, respondió que había documentos que acreditaban que era "diplomado universitario", lo que el informe interpreta como conocimiento implícito del documento.
Posibles consecuencias y próximos pasos legales
La Audiencia de Valencia ha ordenado la reapertura del procedimiento y la Agencia Valenciana Antifraude, junto con la Fiscalía Anticorrupción, continúan sus pesquisas. El informe recomienda iniciar un expediente disciplinario contra Ángel por "aportar y/o mantener hasta la fecha en su expediente personal un documento relevante presuntamente falso" y por incumplir la obligación de aportar documentación veraz.
Si se abre el expediente disciplinario, Ángel podría enfrentarse a sanciones que van desde la amonestación hasta la separación del servicio, según la normativa de la función pública. Además, la continuación de la causa judicial podría derivar en la presentación de cargos penales si la Fiscalía considera que existen indicios de delito de falsedad documental o prevaricación. El desarrollo de estos procesos será decisivo para determinar si la denuncia afecta únicamente a la carrera administrativa de Ángel o si se extiende a responsabilidades penales.
En cualquier caso, la polémica sobre el título falso ha reavivado el debate sobre la gestión de los expedientes de los altos cargos autonómicos y la necesidad de reforzar los controles internos en la administración pública valenciana.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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