Las comunidades autónomas gobernadas por el PP aprobaron este jueves el Plan Estatal de Vivienda, que destina 7.000 millones a políticas de alquiler y vivienda protegida. La votación se realizó en la conferencia intersectorial y contó con el apoyo mayoritario de los gobiernos regionales.
Pocos minutos después, el Tribunal Supremo publicó una sentencia que anula el registro único de pisos de alquiler y de habitaciones de temporada por invadir competencias autonómicas. El Ministerio de Vivienda acató la decisión, pero defendió la norma y acusó a los gobiernos del PP de que "les molesta más quién persigue el fraude que el fraude".
El plan incluye la obligación de destinar fondos a viviendas de protección oficial (VPO) con condición de permanencia indefinida. El consejero de Vivienda de Madrid, Jorge Rodrigo, calificó esa cláusula de inconstitucional antes de votar a favor del proyecto.
A pesar de la aprobación, la sentencia del Supremo deja abierta la cuestión de si el Estado puede imponer la VPO indefinida sólo a obras financiadas con fondos estatales. El Gobierno central insiste en que la medida es legal y necesaria para evitar el fraude.
El escenario actual muestra una paradoja: los gobiernos populares aceptan los recursos pero, al mismo tiempo, se preparan para impugnar los requisitos que los acompañan.
Madrid, Murcia, Extremadura y Andalucía están estudiando la interposición de recursos ante el Tribunal Supremo contra varios requisitos del plan. Entre los más controvertidos está la obligación de publicar en tiempo real los precios de alquiler.
En Madrid, la consejería de Vivienda ya ha anunciado que presentará un recurso por la condición de VPO indefinida. La región sostiene que la medida vulnera su autonomía para determinar la duración de la protección.
Murcia también evalúa la viabilidad de acudir al Supremo. El ejecutivo murciano ha señalado que la gestión de fianzas ya no recae en la administración autonómica, lo que complica la obligación de recopilar datos oficiales.
En Extremadura, los responsables admiten que sus datos de alquiler son estimatorios y que el requisito de publicación oficial es difícil de cumplir sin recaudar fianzas. Por ello, la Junta está preparando una acción judicial.
Andalucía sigue el mismo camino, argumentando que la obligación de publicar precios en tiempo real invade competencias que le corresponden a la comunidad. La Junta ha pedido al Ministerio que se busquen fórmulas de colaboración, pero sin éxito.
Los recursos, de prosperar, podrían detener la puesta en marcha de los fondos destinados a la VPO y a la mejora del mercado de alquiler.
Competencias vivienda
La disputa se inscribe en un conflicto más amplio sobre la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de vivienda. El Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias que limitan la intervención estatal cuando afecta competencias autonómicas.
En 2024, el Supremo anuló una cláusula que obligaba a las comunidades a mantener la VPO indefinida sin respetar su autonomía legislativa. Esa decisión sirvió de precedente para el actual recurso de Madrid.
El Ministerio de Vivienda sostiene que la recopilación de datos de alquileres turísticos y de temporada es una competencia estatal, aunque la gestión de fianzas corresponde a las comunidades. La reciente sentencia del Supremo confirmó esa diferenciación.
Los gobiernos del PP argumentan que el Estado está intentando centralizar funciones que les corresponden a las regiones, lo que vulnera la Constitución. El Gobierno central, por su parte, defiende la necesidad de un marco uniforme para combatir el fraude y mejorar la transparencia.
Esta pugna de competencias ha generado una serie de recursos que podrían llegar al Supremo en los próximos meses, ampliando el abanico de decisiones judiciales que moldearán la política de vivienda.
Futuro plan vivienda
Si el Tribunal Supremo confirma los recursos, el Plan Estatal de Vivienda podría sufrir retrasos significativos en su ejecución. La puesta en marcha de los 7.000 millones se vería condicionada a la resolución de los litigios.
Una posible consecuencia sería la reducción de fondos asignados a proyectos que dependan de la VPO indefinida. Las comunidades podrían optar por modificar sus programas para ajustarse a una normativa más flexible.
Otra opción sería la negociación de nuevas fórmulas de colaboración entre el Estado y las comunidades para la publicación de datos de alquiler, evitando así la necesidad de acudir a los tribunales.
En el peor de los casos, el Gobierno central podría presentar una reforma legislativa que busque redefinir las competencias y evitar futuros conflictos, aunque eso requeriría un amplio consenso parlamentario.
En cualquier escenario, la disputa afecta directamente a los ciudadanos que esperan soluciones al problema de la vivienda. Los retrasos o recortes en el plan podrían traducirse en menos ayudas, menos alquileres asequibles y una mayor incertidumbre en el mercado.
