Suspensión de los cursos de reinserción
Canarias lleva cinco meses sin impartir los programas de tratamiento para agresores sexuales en libertad vigilada, según informa la jueza penalista de Santa Cruz de Tenerife. La ausencia se debe a la falta de convenio con cualquier asociación que pueda ofrecer los cursos, lo que ha generado un vacío legal que impide cumplir la medida de reinserción establecida en sentencia.
La magistrada, al dirigirse a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, constató que ni la administración penitenciaria ni el Instituto Canario de Igualdad tenían competencia clara para ejecutar la formación. Ante la imposibilidad de localizar un organismo responsable, los agresores permanecen sin cumplir la obligación de participar en los programas de educación sexual y reinserción, lo que vulnera la protección de las víctimas y la prevención de nuevos delitos.
El retraso también afecta a la carga de trabajo de los servicios sociales, que deben gestionar la supervisión de los agresores sin contar con los instrumentos formativos previstos por la ley. La falta de cursos impide que se evalúe la evolución del comportamiento de los condenados y dificulta la planificación de medidas de acompañamiento post‑sentencia.
Causas y reclamaciones judiciales ante el vacío legal
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) recogió la denuncia y la remitió al pleno del 8 de mayo, calificando la adopción de medidas como "urgente". Los jueces solicitaron al Consejo General del Poder Judicial que inste a la Secretaría de Estado de Justicia a promover de inmediato las modificaciones legislativas o reglamentarias necesarias y a precisar la administración competente para el seguimiento de la medida.
