Ley de IA: el Gobierno aprueba sanciones de hasta 35 millones por usos indebidos

Aprobación de la Ley de IA por el Gobierno español: sanciones de hasta 35 millones

El martes, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. La decisión, tomada en la sede del Gobierno, sienta las bases para regular la IA en España alineándose al Reglamento Europeo de IA. La iniciativa, impulsada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, forma parte de la agenda de transformación digital del Ejecutivo.

Detalles de la normativa: rangos de multas y prácticas prohibidas

La norma establece un régimen sancionador escalonado: 6 000 euros para infracciones leves y 35 millones para los casos más graves, como la comercialización de sistemas prohibidos. Entre las prácticas vetadas se encuentran el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento, los chatbots diseñados para identificar a usuarios con adicción al juego y empujarlos a plataformas de apuestas, y los deepfakes sexuales que reproducen imágenes íntimas sin autorización.

El texto también prohíbe la explotación de vulnerabilidades vinculadas a la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica de las personas. Asimismo, obliga a los proveedores a etiquetar de forma clara cualquier contenido generado por IA, facilitando que el público distinga lo real de lo artificial. La legislación incluye un apartado que excluye a las administraciones públicas de multas, limitándolas a un simple apercibimiento, una excepción que ha generado críticas de asociaciones de usuarios y expertos en derecho digital.

Próximos pasos: tramitación parlamentaria y posibles impactos

Con la aprobación del Consejo, el proyecto se remitirá a las Cortes para su debate y votación. Si el Congreso y el Senado lo aprueban, la Ley entrará en vigor y obligará a empresas y desarrolladores a cumplir con los requisitos de transparencia, seguridad y control de riesgos previstos.

Se espera que la normativa impulse una mayor confianza en los sistemas de IA, facilitando que los usuarios distingan contenidos reales de los generados artificialmente. Al mismo tiempo, las sanciones previstas pretenden disuadir a quienes intenten utilizar la tecnología con fines ilícitos o manipuladores. El Parlamento deberá decidir si mantiene la exclusión de la administración pública o la endurece, lo que determinará el alcance real de la regulación.

En los próximos meses, el debate parlamentario definirá los últimos ajustes y la fecha de entrada en vigor, marcando un hito en la regulación española de la inteligencia artificial.