Resumen de los hechos
A principios de marzo, la Guardia Urbana de Barcelona acudió a la calle Arizala, cerca del Spotify Camp Nou, tras una queja de vecinos por un hedor insoportable. Los agentes encontraron un local sin ventanas, dividido en cinco habitaciones, donde tres mujeres de nacionalidad china sin documentación estaban recluidas.
El hombre que abrió la puerta era un ciudadano chino que, según los vecinos, gestionaba el sitio. El propietario del inmueble es un español que reside fuera de la ciudad y había alquilado el local al chino.
Detalles de la operación y de los implicados
Los policías tocaron el timbre y, pese a la barrera idiomática, el hombre chino los dejó entrar. Dentro, el espacio era oscuro, con camas y mesitas, sin luz natural. Cada habitación estaba numerada y cerrada con llave.
Al inspeccionar, los agentes vieron a las tres mujeres, que no hablaban castellano y carecían de papeles. Utilizando el móvil como traductor, intentaron averiguar si estaban allí por voluntad propia. El responsable del local elevó la voz en chino y, según los agentes, ordenó a las mujeres que no hablaran.
Los vecinos afirman que la actividad lleva más de un año. Señalan que el dueño español nunca ha intervenido, limitándose a cobrar el alquiler al arrendatario chino. Un vecino describió la presencia constante de clientes de distintas edades, incluso universitarios, que entraban y salían sin que la policía interviniera.
Durante la inspección, varios clientes llamaron al timbre ignorando la presencia policial. Uno de ellos, que trabajaba en la reforma del nuevo estadio del F.C. Barcelona, admitió que pagaría 30 euros por 20 minutos de servicio.
Posibles consecuencias legales y próximas investigaciones
La Guardia Urbana ha detenido al hombre chino que abrió la puerta y ha iniciado un expediente por trata de seres humanos. Los Mossos d'Esquadra se suman a la investigación para identificar a posibles clientes y a la cadena de suministro que permite la explotación.
Se espera que el propietario español sea citado para esclarecer su responsabilidad en el alquiler del local. La falta de documentación de las víctimas dificulta su identificación, pero las autoridades ya están trabajando con la embajada china para regularizar su situación.
Los vecinos, que temen represalias, han solicitado protección y la garantía de que el local no vuelva a ser usado para actividades ilícitas. La investigación podría derivar en denuncias penales contra los clientes que pagaron por servicios sexuales, así como contra los intermediarios que gestionan la red.
Qué sigue
El caso pone de relieve la vulnerabilidad de mujeres migrantes sin papeles en la ciudad y la necesidad de una vigilancia más estricta de locales sospechosos. La Guardia Urbana y los Mossos continúan recogiendo pruebas, mientras la comunidad espera respuestas y medidas que eviten la reapertura de establecimientos similares.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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