Operación de inteligencia Villarejo contra la esposa de Bárcenas confirmada por Eugenio Pino

Orden de la operación

Eugenio Pino declaró ante la Audiencia Nacional que, en 2013, encargó al comisario jubilado José Manuel Villarejo una vigilancia sobre Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas. La orden incluía la recopilación de información personal y de contactos, con el objetivo de anticipar posibles pruebas en la investigación. "Le dije a Villarejo que se hiciera cargo del asunto", afirmó Pino.

La misión se prolongó hasta 2016, según el propio testimonio. Durante ese periodo, Villarejo actuó como un "agente libre", recibiendo instrucciones puntuales sin pasar por la cadena de mando habitual. La operación permaneció oculta para los cuerpos de seguridad superiores y solo salió a la luz en el juicio de la Operación Kitchen.

Pino explicó que la vigilancia incluía seguimientos físicos y la interceptación de comunicaciones, aunque nunca se llegó a registrar una intervención directa en la vida privada de la familia. La información recopilada se canalizó a través de contactos internos del CNP, sin que se documentara formalmente. "Era un trabajo de inteligencia, no de investigación policial tradicional", precisó.

Pago al chófer con fondos reservados

El testimonio también reveló que Pino autorizó el uso de fondos reservados para pagar al chófer de Bárcán, Sergio Ríos, durante la vigencia de la operación. Ríos, que había quedado sin ingresos al ser apartado de sus funciones, recibió recursos para cubrir sus gastos mientras la familia estaba bajo investigación. "Le dije a Villarejo que si necesitaba colaborar, podía contar con el dinero", señaló Pino.

Los fondos fueron gestionados como un pago discreto, sin pasar por los cauces habituales de la administración policial. Según Pino, la medida buscaba evitar que la ausencia de ingresos del chófer comprometiera la continuidad de la vigilancia. El pago se realizó mediante una cuenta reservada, cuyo uso quedó registrado solo en documentos internos.

Pino añadió que el coche destinado a viajes a Suiza, que la familia de Bárcenas mantenía preparado, también estuvo bajo la supervisión de Ríos. La relación entre el chófer y la operación quedó así estrechamente vinculada a la inteligencia dirigida por Villarejo. "Todo estaba coordinado para que la familia no percibiera la presión", concluyó.

Contexto de la Operación Kitchen

La declaración se insertó en el juicio de la Operación Kitchen, iniciado en 2024 para investigar la supuesta financiación ilícita del Partido Popular. El proceso ha implicado a varios altos cargos del PP y a miembros del Cuerpo Nacional de Policía. La audiencia del 6 de abril de 2026 marcó el primer momento en que un exdirector adjunto admitió haber ordenado una operación de inteligencia contra un familiar de un político.

Hasta la fecha, la investigación había centrado sus esfuerzos en la contabilidad de la Caja B, pero la confesión de Pino abre la puerta a examinar prácticas de vigilancia no autorizada. Los fiscales han señalado que la existencia de una orden directa de un alto oficial policial constituye una irregularidad grave. "Esto podría cambiar la dimensión del caso", indicó el fiscal a cargo.

El papel de Villarejo como agente libre ha sido objeto de debate desde su detención en 2017. Su historial de colaboraciones con la Guardia Civil y la Policía Nacional lo convierte en una pieza clave para entender la red de inteligencia no oficial. La nueva información sugiere que su actuación estuvo respaldada por la alta dirección del CNP, lo que complica la evaluación de responsabilidades.

Posibles repercusiones judiciales y políticas

Las confesiones de Pino podrían ampliar el alcance de la investigación, implicando a altos cargos policiales y al propio Partido Popular. Los tribunales podrían abrir diligencias para determinar si la operación violó la normativa de protección de datos y los derechos constitucionales. Además, la revelación de fondos reservados usados para pagos clandestinos podría desencadenar procesos penales contra los responsables de la gestión financiera.

Políticamente, el escándalo podría afectar la credibilidad del PP de cara a las próximas elecciones. Los partidos de oposición ya han anunciado que exigirán la dimisión de los miembros vinculados a la investigación. La presión social para una reforma del control interno de la Policía Nacional también se ha intensificado.

En los próximos días, la Audiencia Nacional decidirá si se amplían los cargos contra Pino, Villarejo y otros implicados. La evolución del caso será seguida de cerca por la ciudadanía, que exige claridad sobre el uso de recursos públicos en operaciones de inteligencia no autorizadas. "El objetivo es que la justicia haga su trabajo sin interferencias", concluyó el presidente del tribunal.