El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó provisionalmente, con el apoyo de PSC, Junts, ERC y Comuns, la actualización medioambiental del Plan General Metropolitano (PGM). La medida, adoptada el pasado lunes, busca adaptar la normativa urbana a la Ley de Movilidad Sostenible y a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contra España. Inmediatamente, las patronales Foment del Treball y Barcelona Oberta presentaron alegaciones solicitando la nulidad de la reforma.
Rechazo de las patronales
Foment del Treball y Barcelona Oberta sostienen que la reforma pretende "eludir el cumplimiento de diversas sentencias dictadas por los juzgados contencioso‑administrativos y por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)". Señalan que seis sentencias de primera instancia y una del TSJC obligan a modificar el PGM antes de iniciar las obras de los ejes verdes del Eixample, pues el cambio de funcionalidad vial afecta al plan urbanístico de 1976. Las patronales, respaldadas también por la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) y el Gremi de Garatges de Barcelona, piden la anulación de la medida por "desviación de poder".
Motivos del rechazo y defensa del AMB
El AMB desestima las alegaciones en un informe que argumenta la legalidad de la actualización. Afirma que no es parte en los procesos judiciales y que la reforma responde a la obligación de cumplir la Ley de Movilidad Sostenible y a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que condenó a España por incumplimientos en la lucha contra la contaminación en Barcelona y Madrid. "No existe ninguna voluntad de incumplir eventuales futuras sentencias", declara el AMB, subrayando que la medida es necesaria para garantizar la coherencia del sistema viario metropolitano.
Posibles consecuencias y próximos pasos
El conflicto seguirá su curso en los tribunales, con el Tribunal Supremo como última instancia. Mientras tanto, la reforma queda en vigor de forma provisional, lo que permite a la administración metropolitana avanzar en la planificación de los ejes verdes, aunque la ejecución concreta de las obras podría verse paralizada si el Supremo revoca la decisión. Las patronales advierten que, de confirmarse la nulidad, los proyectos de pacificación del Eixample tendrían que detenerse y revisarse bajo los criterios judiciales vigentes.
Impacto para los ciudadanos
Para los residentes y comerciantes del Eixample, la disputa significa incertidumbre sobre la llegada de los ejes verdes que prometen reducir la circulación de vehículos y mejorar la calidad del aire. Si la reforma se mantiene, los trabajos de pacificación podrían iniciarse en los próximos meses, mientras que una revocación judicial retrasaría el proyecto y mantendría el tráfico actual. La decisión del Supremo, prevista para finales de año, será decisiva para definir el futuro urbanístico de la zona.
Conclusión
La aprobación provisional del AMB y el rechazo firme de las patronales reflejan una pugna entre la agenda medioambiental del gobierno metropolitano y los intereses de los sectores empresariales. Con el litigio aún abierto, los próximos meses estarán marcados por audiencias judiciales que determinarán si los ejes verdes del Eixample podrán materializarse o si deberán replantearse bajo nuevas condiciones legales.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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