El lunes 1 de junio, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo acordaron una nueva regulación de retornos que autoriza la creación de centros de deportación en terceros países y la detención de migrantes durante hasta 2,5 años. La norma será obligatoria para los 27 Estados miembros.
Acuerdo UE sobre retornos migratorios
El pacto, negociado entre los gobiernos de los 27 países y la Eurocámara, incluye la posibilidad de establecer centros de deportación fuera de la Unión, siempre que el país de acogida garantice el respeto a los derechos humanos. La decisión se tomó para dar una base legal a los proyectos ya avanzados en Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia.
Asimismo, la normativa permite a las autoridades emitir órdenes de detención de hasta 2,5 años cuando exista riesgo de fuga o amenaza a la seguridad. Estas órdenes pueden ser dictadas por autoridades administrativas o judiciales, aunque la ley prioriza alternativas como la vigilancia electrónica o la fianza.
Detalles del nuevo marco legal
La legislación reconoce en toda la UE las órdenes de expulsión emitidas por cualquier Estado, obligando a todos los países a ejecutarlas aunque no las hayan originado. Quienes no cooperen podrán enfrentarse a sanciones que incluyen la denegación de subsidios y la prohibición temporal o permanente de entrada.
Para los menores no acompañados y las familias, la versión final del acuerdo elimina la exclusión inicial y permite su detención como último recurso, siempre por el periodo más breve posible. La norma también contempla la posibilidad de aplicar vigilancia electrónica o fianza como medida sustitutiva.
