El teniente general Manuel Llamas Fernández, DAO de la Guardia Civil, ha sido acusado por el general Rafael Yuste de intentar bloquear la investigación de la trama Leire‑Santos Cerdán del PSOE. La denuncia forma parte del expediente judicial que sigue la Audiencia Nacional y ha puesto en el punto de mira la dirección operativa del cuerpo.
La acusación surge de la comparecencia del coronel Yuste ante la Unidad Central Operativa (UCO) el 27‑05‑2024, donde declaró que Llamas les ordenó "ponerse de perfil" en procedimientos con posible carga política. Según la UCO, esa instrucción equivale a prohibir la actuación proactiva de los investigadores, delegando la iniciativa a la autoridad judicial.
Manuel Llamas, teniente general y director adjunto operativo de la Guardia Civil, junto a la directora Mercedes González en un pase de revista
El DAO, nombrado en diciembre de 2023 por el ministro del Interior, había sustituido al anterior director de personal y se había convertido en una figura clave dentro del mando. Yuste, entonces jefe de la UCO, asegura que Llamas, en una reunión del 16‑07‑2024, les indicó que no debían adelantarse en casos que pudieran tener repercusión política. "Nos dijeron que nos pusiéramos de perfil", relató Yuste en su testimonio.
Los defensores de Llamas sostienen que la orden pretendía evitar la percepción de parcialidad política en investigaciones delicadas, como la que involucra al hermano del presidente del Gobierno. Sin embargo, la UCO interpreta la frase como una restricción directa a la labor investigadora, lo que calificaría como obstrucción.
Detalle de la denuncia
El testimonio de Yuste se incorporó al expediente que la Audiencia Nacional está tramitando contra los implicados en la trama Leire‑Santos Cerdán. En su declaración, el coronel explicó que la orden de "ponerse de perfil" implicaba que los agentes debían esperar a que la autoridad judicial les diera instrucciones, en lugar de actuar por iniciativa propia.
La UCO ha documentado la conversación y la ha presentado como evidencia de una posible presión institucional. El documento judicial señala que la orden de Llamas podría haber limitado la recolección de pruebas y retrasado la identificación de responsables, comprometiendo la independencia de la investigación.
Futuro inmediato
La Unidad Central Operativa continúa investigando la supuesta presión ejercida por el DAO. Si la Audiencia Nacional confirma la obstrucción, Llamas podría enfrentarse a sanciones disciplinarias dentro del cuerpo y, en caso de considerarse delito, a responsabilidad judicial.
El caso también podría desencadenar una crisis interna en la Guardia Civil, con posibles dimisiones o enfrentamientos entre facciones. Analistas advierten que la tensión podría afectar la operatividad del cuerpo y su imagen pública, especialmente en un momento de alta sensibilidad política.
En los próximos días se espera la presentación de nuevos informes de la UCO y la posible apertura de una causa disciplinaria contra Llamas. La evolución del proceso será determinante para la confianza que la ciudadanía deposita en la Guardia Civil y en la capacidad del Estado para garantizar investigaciones libres de interferencias.
