Juicio a David Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias (Badajoz)
El juzgado de Badajoz ha concluido la fase oral del proceso contra David Sánchez, exdirector de Cultura, acusado de prevaricación y tráfico de influencias por su nombramiento en 2017. La vista duró cinco días, del 12 al 16 de mayo, y contó con la presencia de la Fiscalía, la defensa y la acusación de la UCO. El tribunal ha señalado que la fase de pruebas queda cerrada y que la sentencia se dictará en los próximos días.
Los hechos investigados se centran en la creación de una plaza de libre designación en la Diputación de Badajoz y la adjudicación del puesto a Sánchez sin seguir los criterios legales. La Fiscalía sostiene que la contratación se realizó de forma irregular, mientras que la defensa alega que el proceso cumplió la normativa vigente. El magistrado presidente, Juan Pérez, ha recordado que la decisión final dependerá de la valoración de los testimonios y de los documentos presentados.
La plaza de coordinador de conservatorios se creó en octubre de 2016, cuando Pedro Sánchez había dejado el cargo de secretario general del PSOE y aún no ejercía poder político. Según los documentos presentados, la necesidad de la Diputación se justificó por la carga de trabajo que describían los conservatorios, aunque la propia estructura interna señalaba que la figura no era imprescindible. El proceso de selección se realizó mediante entrevista personal y valoración de méritos, sin que se detectaran irregularidades formales.
Testimonios que desmienten a la UCO y argumentos de la defensa
Durante la audiencia, varios funcionarios, técnicos y peritos desmintieron la versión de la UCO, que afirmaba que la plaza estaba amañada. El director de Cultura, Manuel Candalija, declaró que el proyecto estaba bien estructurado y que su currículum justificaba la elección, «El proyecto estaba bien estructurado y mi currículum justificaba la elección». Otro candidato, Nerses Avakimyam, aseguró no haber detectado irregularidades en los requisitos ni en el proceso de selección.
La única testigo que señaló una posible falta de igualdad fue Cristina de Frutos, quien manifestó que en la entrevista personal no sintió igualdad de oportunidades, aunque no presentó denuncia formal, «No sentí igualdad de oportunidades en la entrevista». El jefe de la UCO, teniente coronel Antonio Balas, acusó al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, de haber creado la plaza con ánimo de favorecer al hermano del presidente del Gobierno, pero no aportó pruebas documentales. Los peritos de la defensa subrayaron que los correos electrónicos analizados no prueban ninguna intención de prevaricación.
El perito informático designado por la defensa analizó los correos electrónicos entre Sánchez, Gallardo y el área de Cultura y concluyó que no existían indicios de manipulación de criterios de selección. Por su parte, el exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, describió el desempeño de Sánchez como eficiente y destacó que la carga administrativa había disminuido tras su nombramiento. Ambas declaraciones reforzaron la posición de la defensa, que sostiene que la acusación se basa en suposiciones y no en pruebas concretas.
Posibles desenlaces y próximos pasos judiciales
Con la fase oral cerrada, el tribunal tiene ahora que emitir una sentencia que podría conllevar penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En caso de condena, David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo podrían presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz. La Fiscalía ha advertido que, de confirmarse los delitos, se solicitará la restitución de los fondos públicos afectados.
El fallo también tendrá repercusiones políticas: el Partido Socialista local podría ver empañada su imagen y la oposición, encabezada por PP y Vox, ha anunciado que exigirá la dimisión de los cargos vinculados al caso. Los ciudadanos de Badajoz siguen atentos, pues el caso pone de relieve la necesidad de mayor transparencia en la contratación pública. Los próximos pasos incluyen la publicación de la resolución judicial, la posible interposición de recursos y, en última instancia, la revisión de los procedimientos de creación de plazas de libre designación por parte del Gobierno autonómico.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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