Leire Díez inicia operación contra el Tribunal Supremo para impulsar la amnistía

Resumen de la acción

Leire Díez, exmilitante del PSOE, lanzó el 27 de abril de 2025 una operación destinada a obtener documentos del excomisario José Manuel Villarejo que, según sus notas, implicarían al presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. El objetivo declarado es utilizar esas pruebas para presionar al Supremo y facilitar la aplicación de la ley de amnistía aprobada en marzo de 2024, que beneficia al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Díez describe al Tribunal Supremo como "uno de los obstáculos" para culminar con éxito la amnistía. En un documento interno titulado Acciones Cataluña.doc afirma que está "cerca de que el acuerdo con Villarejo y Martínez se ejecute" y que, de concretarse, la documentación obtenida permitiría "desacreditar al Supremo y a sus magistrados".

Estrategia y contactos involucrados

La estrategia se basa en tres pilares: la colaboración con Villarejo, la intermediación de Francisco Martínez, exsecretario de Estado, y la explotación de archivos vinculados a la "Operación Cataluña". Díez pretende que Villarejo entregue los ficheros que, según ella, demuestran "la corrupción de Marchena". No se especifican los contenidos exactos, pero el documento 2024-11-19 Incumplimientos.doc señala que la información afecta a "jueces y fiscales" del Supremo.

Para conseguir el apoyo de Martínez, Díez ha elaborado un plan que incluye la promesa de inmunidad parcial a cambio de la entrega de los documentos. En sus notas, la exmilitante escribe: "Martínez tiene acceso a la red de contactos que permite localizar los archivos de Villarejo y está dispuesto a colaborar si se le garantiza protección judicial".

Posibles repercusiones políticas y judiciales

Si la operación avanza, el Supremo podría enfrentar una presión sin precedentes para revisar su postura sobre la amnistía. La propia Corte ya rechazó aplicar la norma a Puigdemont, argumentando que la malversación no es un delito amnistiable. La aparición de pruebas que involucren a Marchena podría obligar al Tribunal a abrir una investigación interna o, en el peor de los casos, a destituir a su presidente.

A nivel político, el Gobierno de coalición con Junts podría ver reforzada su posición para defender la amnistía, mientras que la oposición del PSOE y de la izquierda radical podría usar la maniobra como argumento de manipulación judicial. Asimismo, la investigación de la "Operación Cataluña", iniciada en diciembre de 2023, podría verse enturbiada si se revelan documentos que impliquen a altos cargos del poder judicial.

Próximos pasos y conclusión

Díez indica que la fase de negociación con Villarejo y Martínez está "en marcha" y que espera recibir la documentación en las próximas semanas. La Fiscalía General del Estado ya ha sido informada de la existencia del plan, aunque no ha emitido pronunciamientos oficiales.

De concretarse la entrega de pruebas, la escena política española podría experimentar una nueva oleada de denuncias cruzadas entre el poder judicial y el ejecutivo. La ciudadanía, ya cansada de los escándalos de corrupción, observará con atención cómo se desarrollan los contactos entre exfuncionarios y políticos, y si la amnistía aprobada en 2024 logra su objetivo de cerrar la etapa del procés sin mayores sobresaltos judiciales.