Fiscalía se opone a retirar la fianza de 1 millón a Jonathan Andic

Las medidas cautelares acordadas por la instructora, y confirmadas por el Ministerio Fiscal, siguen vigentes: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales. La Fiscalía se opone rotundamente a que se devuelva la fianza ya abonada para que el investigado permanezca en libertad bajo esas condiciones. La normativa aplicable, el artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permite esa retención mientras persista el riesgo.

En su recurso, la defensa sostuvo que no se había determinado la causa de la caída de Isak Andic en las Cuevas del Salnitre el 14 de diciembre de 2024 y que no existían pruebas de intervención de terceros. La Fiscalía desvirtúa esas alegaciones citando los análisis de geolocalización, los mensajes recuperados y el registro de llamadas realizadas en el momento de los hechos. El peritaje forense también identificó huellas de sangre del padre en la ropa del hijo, según el informe policial.

El recurso de la Fiscalía será examinado por la Audiencia de Barcelona en los próximos días. Si la Audiencia confirma la fianza, Jonathan Andic seguirá bajo las mismas restricciones y, de producirse una sentencia condenatoria, enfrentará penas de prisión que pueden superar los diez años. La defensa ha anunciado que, en caso de una decisión desfavorable, presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo.

El mantenimiento de la fianza y de las medidas cautelares subraya la gravedad del caso para la opinión pública y para el sector empresarial, donde la familia Andic es una de las más influyentes. La decisión judicial será observada de cerca por quienes siguen el proceso y por quienes temen un precedente en la aplicación de fianzas millonarias en casos de presunto homicidio. El seguimiento de este caso puede influir en la percepción de la justicia frente a los poderosos.

Repercusiones políticas

Varios partidos políticos han solicitado que el Parlamento revise la normativa de fianzas en casos de alta complejidad, argumentando que la actual legislación permite discrecionalidad que favorece a los más acomodados. En la última sesión del Congreso, el grupo de la oposición exigió una mayor transparencia en los procesos cautelares y pidió que el Ministerio de Justicia emita directrices claras. La polémica ha reavivado el debate sobre la igualdad ante la ley.

Hace 1h