Gobierno extiende la vigilancia de precios de combustibles a todo 2026
El Ejecutivo, junto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha decidido prolongar la vigilancia de precios de los carburantes hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida, anunciada en la reunión del vicepresidente y ministro de Economía Carlos Cuerpo y la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica Sara Aagesen, se aplicará a las grandes petroleras con refinerías en territorio español.
Esta decisión se adoptó en la sesión del Consejo de Ministros prevista para mañana, donde se aprobará formalmente la prórroga. La medida inicial, de tres meses, se había instaurado como respuesta a la escalada de precios provocada por la guerra en Oriente Medio.
Detalles de la medida y motivos de la prórroga
A partir de ahora, Repsol, Moeve y BP deberán remitir a la CNMC un informe semanal con dos datos imprescindibles: el coste de adquisición de los productos petrolíferos y el precio de venta a las gasolineras. La obligación, que antes era temporal y prorrogable, pasa a ser obligatoria durante todo el año 2026.
El objetivo es impedir que las compañías obtengan beneficios excepcionales en un contexto de alta volatilidad del mercado internacional. La guerra en Oriente Medio disparó los precios del crudo, lo que se tradujo en aumentos significativos en la bomba. La vigilancia buscaba, en primera instancia, detectar posibles prácticas abusivas y garantizar la transparencia del proceso de formación de precios.
