Imputación a Zapatero y citaciones en el caso Begoña Gómez
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama emitió una resolución que imputó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y delitos fiscales vinculados a joyas valoradas en 1,323,915 €. La decisión se produce tras el registro del pasado 19 de mayo en la oficina de la calle Ferraz, donde la Guardia Civil halló las piezas sin justificación documental. La medida se anunció en la misma audiencia donde se trató el caso Plus Ultra.
En paralelo, el magistrado Juan Carlos Peinado citó a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, a una audiencia preliminar los 17 y 18 de junio. También fueron citados su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, bajo apercibimiento de fuerza pública en caso de incomparecencia. La citación, inicialmente prevista para el 9 de junio, se pospuso a petición del abogado de Gómez.
Ambas resoluciones fueron recibidas como un nuevo impulso a la investigación de supuestos casos de corrupción que afectan al PSOE. El Partido Popular ha anunciado que estas comparecencias reforzarán su campaña de denuncia contra el Gobierno. La prensa oficial confirmó que los comparecientes deberán presentarse en la sede de la Audiencia Nacional en Madrid.
El PSOE ha defendido la inocencia de su expresidente, indicando que la tasación de las joyas es preliminar y que la documentación requerida será entregada en breve. El partido también ha calificado la citación a Begoña Gómez como un intento de politizar la justicia, y ha pedido al Gobierno que garantice la independencia del poder judicial.
Detalles de los cargos y citaciones
Los cargos contra Zapatero incluyen tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contrabando de bienes de lujo. El juez Calama señaló que las joyas, cuyo origen no ha sido acreditado, podrían constituir un beneficio patrimonial irregular. Además, la investigación ampliará su alcance a posibles operaciones financieras vinculadas a la trama Plus Ultra.
En el caso Begoña Gómez, el magistrado Peinado investiga presunto blanqueo de capitales y financiación irregular de campañas. La acusación se basa en transferencias bancarias que, según la Fiscalía, no guardan relación con actividades declaradas por los investigados. La audiencia preliminar servirá para determinar la existencia de pruebas suficientes para abrir un juicio con jurado popular.
Los bienes investigados incluyen, además de las joyas, cuentas bancarias en el extranjero y propiedades en la Comunidad de Madrid. La Fiscalía ha solicitado el embargo preventivo de los activos mientras se esclarecen los orígenes. Tanto Zapatero como Gómez han sido informados de su derecho a defensa y a presentar pruebas que justifiquen la procedencia de los bienes.
La Fiscalía ha solicitado al tribunal la práctica de peritajes independientes sobre la procedencia de las joyas y sobre los flujos bancarios vinculados a los investigados. Asimismo, se ha pedido la comparecencia de testigos financieros que puedan esclarecer la cadena de transacciones. El juez Peinado ha señalado que la audiencia preliminar será cerrada al público para proteger la intimidad de los imputados.
Próximos pasos y posibles consecuencias
Las comparecencias previstas para el 17 y 18 de junio marcarán el inicio de la fase preliminar del proceso. En esa fase, el juez decidirá si se dicta auto de procesamiento y si procede la apertura de juicio oral. Se espera que la defensa de Zapatero solicite la nulidad de la prueba obtenida en el registro de la oficina.
El PP ha anunciado que presentará una moción en la comisión de investigación del caso Koldo para ampliar el escrutinio a todos los escándalos que involucren al PSOE. «Esta situación evidencia la necesidad de una investigación exhaustiva», declaró la portavoz del Senado Alicia García. Asimismo, ha pedido la comparecencia del fiscal general Teresa Peralta y del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en los próximos días.
Analistas políticos advierten que una condena firme contra Zapatero o contra Begoña Gómez podría desencadenar una crisis de gobierno y acelerar la convocatoria de elecciones anticipadas. Por su parte, el PP espera capitalizar la situación para consolidar su liderazgo en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Los ciudadanos, por su parte, siguen pendientes de la evolución judicial como indicador de la transparencia institucional.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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