Aprobación del nuevo reglamento de retornos por el Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo aprobó el 23 de junio de 2026 un reglamento que permite crear centros de deportación en terceros países y autoriza la detención de migrantes irregulares durante más de dos años cuando supongan un riesgo de seguridad. La votación se produjo tras intensos debates entre la izquierda, que denunció una "vergüenza", y la derecha, que exigía "depórtenles".
El texto, impulsado por la Comisión Europea, busca "simplificar, facilitar y agilizar los procedimientos de retorno" y responde al hecho de que en 2025 solo el 28 % de las expulsiones fueron efectivas, el mayor porcentaje de la última década.
Detalles del texto: medidas coercitivas y obligaciones de los migrantes
El reglamento endurece los procedimientos al imponer una obligación de cooperación a los migrantes bajo orden de expulsión. Quien rechace el retorno voluntario se enfrenta a sanciones que incluyen la retirada de ayudas, la confiscación del pasaporte y la obligación de permanecer en un lugar designado con comparecencias periódicas.
En casos de resistencia, la normativa permite el uso de la fuerza para ejecutar la deportación y la prohibición de reingreso al territorio comunitario. Además, se establecen centros de detención específicos, con la condición de que la prisión sea un último recurso y se garantice un trato digno, especialmente para menores, quienes también tendrán derecho a asistencia legal y supervisión de un tutor.
Perspectivas y posibles efectos del reglamento
Los analistas anticipan un aumento de las expulsiones efectivas, ya que la normativa brinda a los Estados miembros más opciones, incluido el envío a centros de deportación fuera de la UE bajo acuerdos que respeten los derechos humanos y el principio de no devolución. Sin embargo, la exigencia de que la detención sea el último recurso y de garantizar condiciones dignas podría limitar su aplicación práctica.
El nuevo marco también refuerza la cooperación entre gobiernos, facilitando el intercambio de información y el reconocimiento comunitario de órdenes de expulsión. En la práctica, cada Estado decidirá si adopta los centros externos, definiendo los términos de traslado, estancia y obligaciones bilaterales.
"Este reglamento ofrece a los países una herramienta más para gestionar la migración irregular", señaló un portavoz de la Comisión. La medida llega en un contexto de presión pública por una política migratoria más eficaz y se enmarca dentro del debate que también dio lugar al pacto por la inmigración aprobado con apoyo de la derecha y extrema derecha.
Qué sigue para los migrantes y los Estados miembros
A partir de ahora, los gobiernos deberán negociar acuerdos con terceros países para operar los centros de deportación, garantizando que se cumplan las normas internacionales de derechos humanos. Los migrantes que enfrenten una orden de expulsión deberán demostrar su identidad y aportar documentos de viaje, bajo la amenaza de sanciones si se niegan.
El Parlamento ha subrayado que la normativa no exime a los Estados de respetar el interés del menor, aunque la ley se aplica por igual a familias y menores no acompañados. El seguimiento de su implementación será clave para evaluar si realmente se logra elevar el porcentaje de expulsiones efectivas sin vulnerar los derechos fundamentales.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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