Esta semana el juzgado de Madrid ha reactivado la causa judicial contra González Amador, que llevaba más de dos años sin avances. La decisión llega tras la jubilación del juez que llevaba el expediente y la designación de una nueva magistrada, que hasta ahora no ha respondido a las peticiones de la UCO para avanzar en la investigación.
La reapertura se produce en un momento de gran concentración mediática en otros procesos de alto perfil, como los casos Zapatero, Begoña Gómez, Leire Díaz y la pendiente sentencia Ábalos. La coincidencia ha generado preguntas sobre la agenda judicial y la prioridad que se otorga a cada investigación.
Detalles de la investigación y su contexto actual
La Unidad Central Operativa (UCO) había solicitado en varias ocasiones la autorización para profundizar en las sospechas de fraude fiscal que pesan sobre González Amador. Entre las acusaciones destacan la venta masiva de mascarillas durante la pandemia y la adquisición de una empresa de tratamientos de belleza por medio millón de euros, sin que se justifique la transacción.
A pesar de la gravedad de los indicios, la nueva magistrada ha mantenido la causa en pausa, sin emitir resoluciones que permitan a la UCO continuar con sus pesquisas. "Hasta la fecha no se ha recibido ninguna resolución que autorice nuevas diligencias", declaró la propia fiscalía en una comparecencia.
Esta inactividad judicial se produce mientras el país sigue discutiendo otros procesos que ocupan la agenda pública. Los casos Zapatero y Begoña Gómez, por ejemplo, han generado amplios debates en el Congreso y en los medios, mientras que la sentencia contra Ábalos está a la espera de publicación. La superposición de estos asuntos ha llevado a algunos analistas a señalar que la causa González Amador podría quedar relegada a un segundo plano.
Para entender la magnitud de la investigación, basta con observar que la UCO ha identificado movimientos financieros que superan los 4,4 millones de euros en los últimos tres años, cifra que ha alimentado las sospechas de irregularidades fiscales.
Contexto breve del empresario
González Amador se hizo conocido durante la crisis sanitaria por su negocio de venta de mascarillas, que alcanzó niveles de facturación extraordinarios en pocos meses. Tras el pico de la pandemia, diversificó su actividad adquiriendo una pequeña empresa de tratamientos de belleza, que según los registros no contaba con empleados ni con una facturación significativa, pero que pagó medio millón de euros por ella.
En los tres años siguientes, la compañía consolidó una facturación total de 4,4 millones de euros, lo que ha despertado la sospecha de que los ingresos podrían estar inflados o ser parte de una estructura de lavado de dinero. La fiscalía ha señalado que la combinación de una venta masiva de productos de alta demanda y la compra de una entidad sin actividad aparente constituye un patrón típico de maniobras para elusión fiscal.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, González Amador ha mantenido una postura defensiva, alegando que sus operaciones fueron totalmente legales y que la compra de la empresa de belleza respondió a una estrategia de expansión empresarial.
Qué puede ocurrir a continuación
Con la causa reabierta, la UCO dispone ahora de la oportunidad de presentar nuevas pruebas y solicitar medidas cautelares que podrían culminar en una acusación formal. La falta de respuesta de la nueva magistrada sigue siendo el principal obstáculo; si en los próximos días se emiten resoluciones que permitan el avance de la investigación, el caso podría ganar la atención que ha estado recibiendo en los últimos meses.
En cualquier caso, la reactivación del proceso judicial subraya la necesidad de que los órganos de control fiscal actúen con celeridad, especialmente cuando los hechos coinciden con otras investigaciones de alto perfil que capturan la atención pública. El desarrollo de este caso será decisivo para determinar si la justicia española puede mantener la coherencia y la igualdad de trato ante la ley.
