Supremo condena indemnización de 2,5 M€ a Ahmed Tommouhi por error judicial

Primer párrafo

Madrid, 18 de junio de 2026 – El Tribunal Supremo ha fijado una compensación de 2,5 M€ a Ahmed Tommouhi, hombre que cumplió 15 años de prisión por una violación que la propia pericia genética demostró que no cometió. La decisión anula la condena original y reconoce el daño causado por un error judicial calificado como "inequívoco y cualificado".

Contexto del caso

En 2011, Tommouhi fue condenado por un delito de violación tras la denuncia de una joven cuya ropa contenía restos biológicos. El juzgado de primera instancia aceptó la evidencia circunstancial y lo sentenció a 15 años de cárcel, sin valorar una prueba pericial que había sido solicitada por la defensa.

Años después, la defensa presentó un informe pericial que comparó el perfil genético del acusado con los restos hallados. El análisis mostró una clara discordancia: el ADN del sospechoso no coincidía con el material biológico de la víctima, lo que ponía en duda la solidez de la condena.

Motivos del fallo: pruebas periciales y error judicial

El pleno del Supremo describió la condena como un "error inequívoco y cualificado" porque el tribunal de instancia no tuvo en cuenta la prueba pericial que desmentía la acusación. Los magistrados subrayaron que la falta de valoración de esa evidencia vulneró el principio de presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada.

Además, el Supremo señaló que la ausencia de un examen forense riguroso contravino la jurisprudencia europea en materia de pruebas de ADN, que exige una valoración objetiva y exhaustiva de toda la evidencia científica disponible.

Repercusiones y posibles pasos futuros

La sentencia abre la puerta a una revisión sistemática de casos similares en los que la valoración de pruebas forenses haya sido insuficiente. Expertos legales advierten que podrían iniciarse nuevas solicitudes de revisión para cientos de condenas basadas en pruebas biológicas dudosas.

Asimismo, el fallo presiona al poder legislativo para que promueva reformas que obliguen a los juzgados a incorporar peritajes genéticos obligatorios en procesos penales donde la evidencia biológica sea determinante. Una posible medida sería la creación de un registro nacional de pruebas forenses para evitar errores de identificación.

Conclusión

Con la indemnización de 2,5 M€, el Estado reconoce no solo el perjuicio económico, sino también el daño moral sufrido por Tommouhi y su familia. La decisión del Supremo envía un mensaje claro: los errores judiciales graves tendrán consecuencias económicas y legales, y la valoración científica será un pilar indispensable en la administración de justicia.