Collboni descarta garantizar la continuidad de la incineradora Tersa en Sant Adrià
El viernes, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, se reunió con Filo Cañete, alcaldesa de Sant Adrià, en la sede histórica del ayuntamiento del Besòs. La cita buscaba abordar la polémica alrededor de la incineradora Tersa.
Al término del encuentro, Collboni declaró que no garantiza la continuidad de la incineradora Tersa en el municipio vecino. La postura deja abierta la posibilidad de su cierre o traslado.
La afirmación se produce en medio de una disputa sobre el futuro de la planta, que quema hasta 360.000 toneladas de residuos al año. Los vecinos de la zona la consideran una amenaza medioambiental.
Sant Adrià ha solicitado desde 2023 el desmantelamiento y reubicación de la instalación lejos de áreas residenciales. La demanda se ha plasmado en las alegaciones al PDUM.
Collboni subrayó que la decisión final depende de instancias superiores y de un proceso judicial en curso. No corresponde al alcalde pronunciarse sobre el fallo del tribunal.
El alcalde también anunció que, tras el verano, se constituirá una comisión bilateral Barcelona‑Sant Adrià para seguir el asunto. La comisión reunirá a técnicos de ambas ciudades.
Motivos y pasos para decidir el futuro de la planta incineradora
La incineradora está gestionada por el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana del Besòs (AMB), propietarios mayoritarios. Ambos comparten la responsabilidad operativa y financiera.
Ambos entes deben esperar la resolución de la Generalitat y del tribunal que sigue el caso. Hasta entonces, la planta sigue funcionando bajo las condiciones actuales.
"Ningún alcalde o alcaldesa permitiría una actividad que perjudique la salud de sus vecinos", dijo Collboni. La salud pública es el criterio rector en cualquier decisión.
El proceso judicial, ya cercano a juicio, será el árbitro definitivo sobre la legalidad de la planta. La sentencia determinará si la incineradora puede continuar operando.
Mientras tanto, la comisión bilateral, prevista para iniciarse después del verano, estudiará alternativas de desmantelamiento. Se evaluarán ubicaciones potenciales fuera del perímetro residencial.
Se prevé que la comisión elabore un calendario de traslado a un punto del área metropolitana alejado de viviendas. El calendario deberá alinearse con la normativa ambiental vigente.
El objetivo es evitar que la incineradora siga operando en una zona densamente poblada como La Catalana y La Mina. Estas barracas albergan a miles de habitantes.
Contexto: la incineradora Tersa y los planes de desarrollo urbano en Sant Adrià
Tersa incinera 360.000 toneladas de residuos anuales, convirtiéndose en la mayor planta de este tipo en Cataluña. Su capacidad supera la de otras instalaciones del país.
El municipio de 39.000 habitantes quiere transformar su litoral mediante proyectos como el complejo audiovisual Tres Xemeneies y un campus universitario. Estos proyectos buscan dotar a la zona de un perfil cultural y académico.
El proyecto audiovisual, con una inversión de 42 millones de euros, será gestionado por la Generalitat y cambiará el perfil urbano. Las torres de 200 metros marcarán el skyline del Besòs.
El campus de la Universitat Politècnica de Catalunya, previsto para 2035, incluirá residencias y oficinas en la frontera con Barcelona. Se anticipa la construcción de 1.783 pisos en los alrededores.
Sant Adrià considera que la incineradora es incompatible con estos planes de crecimiento y solicita su retirada. La presencia de la planta dificulta la venta de terrenos para vivienda.
El Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM) aún no incluye un calendario de desmantelamiento de la planta. La falta de plazos genera incertidumbre entre los promotores.
El Ayuntamiento de Barcelona ha incorporado en sus alegaciones la necesidad de eliminar infraestructuras técnicas que obstaculizan el desarrollo costero. La eliminación de la incineradora forma parte de esa estrategia.
El desenlace de la negociación determinará si Sant Adrià podrá consolidarse como un polo cultural libre de instalaciones contaminantes. La comunidad espera una resolución que garantice salud y desarrollo sostenible.
