El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se enfrenta a un desafío significativo para aprobar los presupuestos de Cataluña antes del 31 de julio. La celebración de elecciones en Andalucía el 17 de mayo añade una capa de complejidad a este proceso, ya que el Govern y ERC deben navegar por un calendario apretado para alcanzar un acuerdo.
La negociación con ERC es crucial, ya que el partido republicano exige una mayor autonomía para Cataluña y garantías sobre la recaudación del IRPF. Sin embargo, el Gobierno central difícilmente cederá hasta que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no haya visto los resultados de las elecciones en Andalucía. Esto obliga al Govern a buscar una fórmula para atender las peticiones de ERC después de los comicios andaluces.
Según fuentes cercanas a la negociación, el Govern y ERC se han dado un plazo de cuatro meses para culminar las negociaciones. Considerando los tiempos habituales de tramitación parlamentaria, el Ejecutivo tendría que presentar las cifras en el Parlament alrededor del 15 de junio, pasada la cita electoral andaluza. Sin embargo, este escenario no contempla posibles recursos ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), lo que podría dilatar la tramitación un mes.
