El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se muestra satisfecho con la decisión del Tribunal Supremo de devolver el Pazo de Meirás a la ciudadanía, poniendo fin a décadas de expolio franquista. Sin embargo, aún queda una batalla por librar para evitar que la familia del dictador reciba una compensación económica por abandonar la propiedad.
Torres sostiene que no comparten la obligación de indemnizar a los Franco por dejar Meirás y discrepa de la afirmación de que ocuparon el pazo de buena fe. "El pazo se ocupó durante una dictadura y quienes hicieron uso y disfrute de esa propiedad lo hicieron cuando tenía que ser una propiedad pública", asevera.
La sentencia del Supremo incluye dos cuestiones polémicas: que la familia Franco ocupó el pazo de buena fe y que tienen derecho a ser indemnizados. Torres enfatiza que no están de acuerdo con la indemnización y que "jurídicamente ese derecho está consolidado".
A partir de ahora, el proceso implica establecer una cantidad para la indemnización, que inicialmente se habló de 800.000 euros. Torres afirma que tendrán que presentar facturas y trabajos realizados para acreditar la mejora del espacio y realización de obras.
El Gobierno va a defender que no hay derecho a la indemnización porque también ha habido un uso y un disfrute no abonado durante décadas. El Supremo no cuantifica el derecho a la indemnización, por lo tanto, van a pleitear para que sea la menor cantidad posible.
Torres destaca que pedirán que de esa cantidad se calcule los posibles alquileres impagados por todos los años en los que la propiedad fue ocupada sin contraprestación económica.
