Badia del Vallès logra un aumento de ayuda financiera de la Generalitat

La ciudad de Badia del Vallès y la Generalitat de Catalunya han alcanzado un acuerdo para incrementar en un millón de euros la ayuda especial que la administración catalana destina anualmente al ayuntamiento. Esta subvención, que se inició en 1994 con el objetivo de apoyar financieramente a la ciudad tras su independencia, había permanecido congelada desde 2015 sin actualizaciones según el Índice de Precios de Consumo (IPC). El nuevo compromiso eleva la ayuda a un total de 4,1 millones de euros en los próximos presupuestos catalanes.

La Comisión Bilateral celebrada el pasado 30 de marzo entre el ayuntamiento de Badia del Vallès, liderado por el alcalde Josep Martínez del PSC, y una delegación del Govern encabezada por el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, fue el marco para oficializar este compromiso. La reunión se enmarca en una serie de encuentros bilaterales que el ejecutivo catalán ha mantenido con diversas poblaciones importantes de Catalunya, como Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell o Terrassa.

"Este aumento de la subvención es una excelente noticia para Badia", destacó el alcalde Martínez, quien expresó su agradecimiento hacia la Conselleria de Presidència y, en particular, hacia Joaquim Solé, catedrático de Finanzas Públicas de la Universitat de Barcelona (UB). Solé fue el encargado de elaborar un informe técnico que fundamenta la fórmula de cálculo y la actualización de la subvención extraordinaria.

El alcalde resaltó la importancia de contar con el respaldo de un académico del prestigio de Solé, cuya aportación ha sido altruista y crucial para la ciudad. Martínez confía en que la ayuda, ya contemplada en los presupuestos que fueron retirados, quede garantizada en las futuras cuentas catalanas. Mientras tanto, fuentes de Presidència confirmaron que la financiación se asegurará a través de suplementos de crédito extraordinario.

Joaquim Solé lamentó la histórica falta de consistencia de la Generalitat con sus propuestas económicas a Badia, subrayando que la ciudad es singular no por sus necesidades sociales, sino por su "baja base fiscal" y limitada capacidad para disponer de recursos propios. Badia figura entre los municipios catalanes de más de 10.000 habitantes con menor renta familiar bruta, con 15.259 euros por habitante, según datos del Institut Català d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Comisión Bilateral entre Badia del Vallès y el Govern de la Generalitat. / Govern

Aunque satisfecho, el alcalde Martínez manifestó su deseo de que la subvención "se vaya reduciendo con los años", lo que indicaría que Badia irá alcanzando una mayor autosuficiencia económica. Los fondos catalanes se destinarán a mejorar las escuelas del municipio, realizar obras en las calles y actualizar contratos públicos afectados por la inflación. "El millón extra beneficiará directamente el bienestar de Badia, especialmente en servicios básicos donde nuestra capacidad de actuación es limitada, como las escuelas públicas", añadió Martínez.

La Comisión Bilateral también sirvió para evaluar las actuaciones de retirada del amianto en edificios residenciales. En 2021, la Generalitat otorgó al Ayuntamiento de Badia una subvención directa de 4,4 millones de euros para financiar estas operaciones. La primera fase, actualmente en curso, contempla la retirada de galerías y tubos de ventilación en 127 comunidades de vecinos, con un plazo de ejecución prorrogado hasta el 13 de octubre de 2027.

Además, se está definiendo una segunda fase que intervendrá en otros 38 edificios. Ambas administraciones se han comprometido a seguir colaborando para completar la retirada del amianto y convertir a Badia del Vallès en la primera ciudad de Europa libre de este material.

Otro compromiso adquirido por el Govern con Badia es iniciar los trámites para ceder una parcela destinada a construir una residencia pública para personas mayores, una demanda histórica de la localidad. Según la Diputació de Barcelona, el 21,84% de la población supera los 65 años, lo que hace urgente un equipamiento de este tipo. Actualmente, el único centro de día público cuenta con 30 plazas, lo que genera listas de espera de hasta tres años.