El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha informado a los principales propietarios de viviendas del país, incluyendo a Blackstone, CaixaBank y CBRE Investment Management, que deben aceptar las prórrogas de dos años de sus contratos de alquiler que venzan entre el 22 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027, siempre que sean solicitadas por sus inquilinos.
La medida forma parte del último real decreto-ley aprobado por el Gobierno, que establece una prórroga forzosa de hasta dos ejercicios de los contratos de arrendamiento en vigor y con vencimientos hasta finales del año que viene. Aunque la norma debe ser convalidada en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo está instando a todos los arrendatarios a solicitar la prórroga, argumentando que sus efectos no se retrotraen una vez decaiga en la Cámara Baja.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha ido un paso más allá y se ha puesto en contacto con los principales fondos de inversión del país, un total de trece con alrededor de unas 100.000 viviendas bajo gestión, para recordar la obligación que tienen de cumplir con lo recogido en el decreto. Entre los notificados estarían algunos de los vehículos de Blackstone (Testa Homes y Fidere, principalmente), CaixaBank o Nestar (propiedad de CBRE Investment Management).





