La identidad de decenas de miles de extranjeros residentes en España no es reconocida oficialmente, lo que vulnera sus derechos sanitarios, laborales y educativos. Almudena Valdespino, una mujer trans panameña de 39 años, llegó a España en 2014 con la esperanza de encontrar un trabajo digno. Sin embargo, fue víctima de trata y explotación sexual. A pesar de haber obtenido su permiso de residencia y trabajo, sus documentos oficiales aún reflejan su nombre anterior a la transición, lo que le genera problemas en diferentes ámbitos de su vida.

La Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+) estima que alrededor de 65.000 personas trans migrantes se encuentran en una situación similar, lo que vulnera sus derechos y las deja en una situación de inseguridad jurídica permanente. En España, la legislación trans es avanzada, pero no se está aplicando de manera efectiva. El artículo 50 de la Ley trans establece que las personas extranjeras que acrediten la imposibilidad legal o de hecho de llevar a efecto la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre en su país de origen pueden hacerlo en los documentos que se les expidan.

Sin embargo, en la práctica, esto no se está cumpliendo. 'Esta situación contradice los principios constitucionales de igualdad, dignidad y no discriminación, así como los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos', afirma la presidenta de la Federación, Paula Iglesias. Almudena Valdespino relata que en Panamá no hay una ley estatal para las personas trans y que su situación es un ejemplo de la falta de soluciones para personas como ella.