En los últimos días, se ha explicado con claridad la lógica que subyace a la posición del Partido Socialista en la política española. Se ha destacado, con argumentos sólidos, que existe una tensión estructural entre su capacidad para gobernar España y su rendimiento electoral en ciertos territorios. El PSOE parece estar en una posición óptima en el eje izquierda-derecha, siendo el partido que más se asemeja a la sociedad española en su conjunto. Sin embargo, se encuentra en una situación complicada en el eje territorial: demasiado centralista para la periferia, y poco centralista para el centro. De ahí, se argumenta, sus dificultades electorales. Pero es importante añadir otro factor. El precio que paga el Partido Socialista por mantenerse en el Gobierno puede ser el precio que necesariamente deba pagarse para que España pueda ser gobernada de manera efectiva.

España es un país con una gran homogeneidad en sus preferencias sociales. Existe un amplio consenso en torno a muchas políticas que afectan a la vida diaria de los ciudadanos: el empleo, los servicios públicos, los derechos civiles. En este terreno, no es difícil encontrar puntos en común ni construir mayorías. Sin embargo, hay otro plano en el que España no es homogénea, sino constitutivamente plural: el territorial. Esta pluralidad no es una anomalía ni un problema que deba ser resuelto, sino un hecho que debe ser gestionado. Y gestionarla no consiste en elegir entre identidades excluyentes, sino en hacer posible su convivencia dentro de un marco compartido. Ese es, en última instancia, el propósito de la política en sociedades complejas.