El juez de Tarragona, Rubén Rus, que investiga al exministro del Partido Popular, Cristóbal Montoro, por presunto tráfico de influencias, ha solicitado al Ministerio de Hacienda que proporcione documentos y notas inaccesibles contenidos en 51 correos electrónicos intercambiados entre ex altos cargos del organismo público. Según el auto al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado busca recopilar detalles sobre las comunicaciones relacionadas con reformas legislativas favorables a la industria de gases industriales.
El problema con estos correos electrónicos es que sus documentos adjuntos hacen referencia a un servidor informático interno del Ministerio de Hacienda, donde están alojados. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez solicitó a los Mossos d'Esquadra que presentaran en el juzgado una relación de correos afectados. La policía cumplió con la solicitud y el magistrado ha requerido a Hacienda que aporte los archivos adjuntos.
Entre esos documentos figuran, según anuncian los propios correos electrónicos, enmiendas "al proyecto de ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias", "observaciones en relación con el informe elaborado por la comisión de expertos", "la reforma del sistema tributario de IIEE" (impuestos especiales) o una "nota sobre la clasificación en el IAE (impuesto sobre actividades económicas) de la fabricación de gases comprimidos", entre otros archivos que aparentemente están vinculados a reformas legislativas favorables para empresas de gases industriales englobadas en la .
Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM)
El auto del juez Rubén Rus que insta a los Mossos a pedir los documentos argumenta que la Ley de Enjuiciamiento Criminal considera "como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer", de recogerlas y ponerlas en custodia. Ahora, deberá comprobarse si en los servidores informáticos internos del Ministerio de Hacienda se guardan los archivos que se solicitan, ya que algunos de ellos están fechados en julio de 2012, aunque la mayoría son de 2014 y 2016.
Entre los correos con archivos que todavía no han podido abrirse figuran varios cruzados entre ex altos cargos investigados del Ministerio de Hacienda, como los remitidos por Diego Martín-Abril, que ocupó el cargo de director general de Tributos; José María Buenaventura Zabala, exdirector de gabinete del exsecretario de Estado de Hacienda, y Óscar del Amo, subdirector general de Tributos Locales, entre otros.
Diego Martín-Abril, exdirector general de Tributos, desempeñó, según el juez, uno de los cargos decisivos para que los textos de los anteproyectos de ley y proyectos de reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas, como evidencian los correos incorporados a la causa. Ostentaba la condición de director general en la fecha de aprobación de la reforma de leyes y reglamentos de los impuestos especiales. Los investigadores lo sitúan en reuniones con altos cargos de la Dirección General y de la Agencia Tributaria con el objetivo de lograr que la redacción del citado real decreto, que modificó el Reglamento del Impuesto de Actividades Económicas, no exigiera la aportación de registros que permitieran controlar si las empresas de gas industriales cumplían o no el requisito legal que obligaba a que los costes de la electricidad superaran el 50% del coste de producción.
José María Buenaventura, director de Gabinete del secretario de Estado de Hacienda, por su parte, se reunió con las gasistas en la sede del Ministerio de Hacienda. En este encuentro, solicitaron la ayuda de las empresas para la redacción del artículo que habría de incluirse en el proyecto de ley que se iba a tramitar en breve y que iba a beneficiarlas. Además, consta que ha percibido retribuciones de Equipo Económico y de empresas vinculadas.
Óscar del Amo, nombrado subdirector general de Tributos Locales en mayo de 2011, ocupó uno de los cargos decisivos para que los textos de los anteproyectos de ley y proyectos de reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las empresas de gases industriales, y también ostentaba ese cargo cuando se modificó el Impuesto de Actividades Económicas, según las diligencias judiciales. Su firma consta en la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos cuya modificación, poco tiempo después, provocó la contratación de Equipo Económico. Los correos intervenidos revelan que mantuvo contacto y reuniones con las gasistas.
